De 20 a 400 millones de euros: el Gobierno de Ayuso disparó en 2022 el dinero entregado a la empresa Quirón, la principal fuente de ingresos del novio de la presidenta
Los pagos empezaron a hacerse apenas unas semanas después de haber destituido a la Interventora General, la profesional de la Administración Pública encargada de fiscalizar este tipo de contratos
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, visitando el Centro Quirúrgico del Hospital Gregorio Marañón / Luis Millan (EFE)
Madrid
El Gobierno de Ayuso disparó en 2022 el dinero entregado a la empresa Quirón, la principal fuente de ingresos del novio de la presidenta. Fueron -en concreto- 393 millones de euros, aprobados entre noviembre y diciembre de 2022, en los distintos consejos de gobierno, destinados a los hospitales de Móstoles, Villalba y Valdemoro, que están gestionados por Quirón. El objetivo era pagar una deuda adquirida con esta empresa desde 2015. Es en el año 2022 cuando se da la orden política de comenzar con esos pagos de golpe. Se trata de una inversión extraordinaria que contrasta con los apenas 20 millones que se destinaron en 2020 para cubrir gastos de liquidación a este mismo grupo.
El grueso de estos pagos voluntarios se produce solo unas semanas después de la destitución de la interventora general... que es quien se encarga de la fiscalización de estos pagos. Destitución de la que el Gobierno madrileño nunca dio explicaciones. Las empresas del Grupo Quirón son las mas beneficiadas por los pagos repentinos de esas deudas, aunque también se abona las liquidaciones a empresas como Ribera Salud. Desde la consejería de sanidad señalan que ese gasto entra dentro de la normalidad y restan importancia a que se produzca en esas fechas al entender que se producen en función de los remanentes y de los acuerdos con las distintas empresas.
Acuerdos en el Consejo de Gobierno
Fueron un total de 12 pagos. Los primeros acuerdos llegan en el Consejo de Gobierno del 16 de noviembre de 2022. Allí se decide destinar 45 millones de euros a la empresa IDCSALUD MÓSTOLES, 13 a IDCSALUD VILLALBA y 20 a IDCSALUD VALDEMORO, todas relacionadas con el grupo Quirón, gestor de los distintos hospitales. Se trata, según la referencia del Consejo, de cubrir los gastos derivados de la liquidación del ejercicio 2017. Una semana después, vuelven a repetirse los nombres de las mismas empresas con cifras similares esta vez para liquidar los gastos de 2018. Y así durante los siguiente consejos, hasta finales de diciembre, con la liquidación de 2019 a IDCSALUD VILLALBA por 26 millones de euros.
La decisión contrasta con las tomadas en el año 2020. Entonces apenas se destinaron 20 millones para cubrir el abono del IVA y las liquidaciones de contrato de estas empresas. Hay también una serie de acuerdos en otros años, como 2021, para responder a reclamaciones judiciales de estas empresas, pero el grueso, y sobre todo la decisión voluntaria de pagar esas deuda se produce en esos meses finales de 2022.
La interventora, fulminada semanas antes
Una decisión que llega además apenas unas semanas después de haber fulminado de su puesto a la Interventora General. que es la profesional de la Administración Pública encargada de fiscalizar este tipo de pagos. Se llama Marta García Miranda y fue destituida el 6 de julio de 2022, a pocos meses de que terminara la legislatura. Su puesto lo ocupó el que en ese momento era secretario general técnico de la Consejería y no hubo explicaciones por parte del gobierno regional a este cese.
La figura de la interventora es crucial ya que es la encargada de dar el visto bueno de forma técnica a los pagos. Y aunque no constan informes contrarios, la sucesión de los hechos indica que solo unos meses después de su cese fulminante se produce la orden política de comenzar con esos pagos pendientes al grupo Quirón.
La Consejería resta importancia
Desde la Consejería de Sanidad explican esos gastos entran dentro de la normalidad y restan importancia a que se produzca en esas fechas al entender que se llevan a cabo en función de los remanentes y de los acuerdos con las distintas empresas. Señalando además que esos abonos se han producido antes y después, en algunos casos tras sentencias judiciales.
