El Gobierno Central reclama a Ayuso cambios en las leyes Trans y LGTBI antes de llevarlas al Tribunal Constitucional

El Ministerio de Política Territorial ha enviado un requerimiento a la Puerta del Sol exigiendo la modificación de dos leyes autonómicas que, entiende el Ejecutivo nacional, va en contra de la normativa estatal: la Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y la Ley de Protección Integral Contra la LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e identidad Sexual. Ambas aprobadas por la mayoría absoluta del PP madrileño, entre críticas de la izquierda y la alabado por la extrema derecha.

Fuentes del Gobierno central aseguran que la nueva norma madrileña "patologiza la transexualidad" y establece el tutelaje médico. En ese sentido, señala que el artículo 14 traslada la idea de que la transexualidad en menores constituye una patología y establece como requisito el apoyo de profesionales de salud mental. Recuerdan -además- que la Ley estatal prohíbe expresamente las llamadas "terapias de conversión" y advierte de que la Comunidad añadió que "el asesoramiento psicológico no puede considerarse discriminatorio". Se hace mención también a los cambios introducidos por el PP en Madrid sobre el uso de los vestuarios públicos por parte de las personas trans.

Añaden que la modificación de esta Ley niega a asociaciones, entidades y organizaciones representativas de los colectivos LGTBI la legitimación para presentarse como acusación o representar a víctimas en procesos penales o administrativos sancionadores, un artículo que vulnera el artículo 149 de la Constitución que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia procesal y no diferencia ningún procedimiento.

Por todo ello, el Gobierno de España pretende alcanzar con la Comunidad de Madrid un acuerdo para "solventar las discrepancias" apreciadas en ambas leyes. Ese requerimiento es el paso habitual cuando se produce un conflicto entre Administraciones. Se iniciarán, así, negociaciones previas (Comisión Bilateral) por la vía prevista en el artículo 33.2. LOTC para solventar las discrepancias planteadas sobre la constitucionalidad de varios artículos de las normas, pero confirman que si en 6 meses no hay acuerdo, la derogación de las Leyes Trans y LGTBI autonómicas llegará al Tribunal Constitucional.

La Comunidad de Madrid ha defendido que la reforma de ambas leyes "sigue las recomendaciones de las sociedades médicas, de grupos feministas y de juristas", que reclamaban "rectificar aspectos que ponían en peligro la seguridad jurídica y los derechos de las mujeres, el derecho a la salud y el trabajo de los profesionales sanitarios, la libertad de expresión y de cátedra, la pluralidad dentro de las personas LGTBI y la protección de la infancia". Confirman desde el gobierno regional, no obstante, que se reunirán con el Ejecutivo nacional en una Comisión Bilateral para evitar que el conflicto entre las Administraciones llegue al Tribunal Constitucional, aunque señalan que se trata de un nuevo ataque del Gobierno de Pedro Sánchez contra las políticas de Isabel Díaz Ayuso.