El juzgado imputa a la pareja de Ayuso dos delitos fiscales y le llama a declarar como investigado
La magistrada apunta que los hechos denunciados por la Fiscalía "hacen presumir la posible existencia de indicios" de dos delitos contra la hacienda pública y otro por presentar facturas que no corresponden a servicios realmente prestados
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene en el pleno de la Asamblea de Madrid. / Europa Press
Madrid
Una jueza de Madrid ha decidido citar como investigado a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y a otras cuatro personas tras admitir la denuncia de la Fiscalía por dos presuntos delitos de fraude a Hacienda y uno más de falsedad en documento mercantil.
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La titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid ha tomado esta decisión en un auto en el que apunta que los hechos denunciados por la Fiscalía "hacen presumir la posible existencia de indicios" de dos delitos contra la hacienda pública por el impuesto de sociedades de los años 2020 (155.000 euros) y 2021 (195.951,41 euros) y otro por presentar facturas que no corresponden a servicios realmente prestados.
En un auto notificado este viernes, la instructora abre la investigación iniciada con la denuncia que presentó la Fiscalía de Madrid después de que la Agencia Tributaria detectara un presunto fraude en el impuesto de sociedades de la mercantil Maxwell Cremona, propiedad de González Amador, por una cantidad superior a los 350.000 euros en los ejercicios de 2020 y 2021.
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Facturas falsas
Según la Fiscalía, el empresario habría eludido el pago del Impuesto de Sociedades de la empresa que se dedicaba a la intermediación en la compraventa de productos sanitarios. Para ello, habría aportado facturas presuntamente falsas por servicios que no habría prestado a otras sociedades para rebajar el Impuesto de Sociedades. La magistrada abre la investigación contra los empresarios Maximiliano Eduardo N. G., David H. L., Agustín C. S. y José Miguel C. S., responsables de las empresas que habrían librado las facturas supuestamente falsas. También imputa a las propias empresas como responsables subsidiarias en tanto que personas jurídicas.
En el auto, la juez razona que supuestamente, y "como consecuencia de estas conductas defraudatorias, el contribuyente ha dejado de ingresar a la Hacienda Pública estatal por el Impuesto de Sociedades de 2020 una cuota de 155.000 euros y por el impuesto de sociedades de 2021, una cuota de 195.951 euros, delitos penados en el artículo 305.1 del Código Penal en concurso medial con un delito de falsedad en documento mercantil, del artículo 392.1 en relación con el artículo 390 del Código Penal".
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