Rafael Amargo plantea la nulidad de las escuchas en el juicio al que se enfrenta a 9 años de cárcel por un presunto delito contra la salud pública

El abogado de Rafael Amargo, el letrado Marcos García Montes, solicitará en el juicio la nulidad de las intervenciones telefónicas y los registros en los que se habrían incautado las sustancias estupefacientes que sostienen la acusación de la Fiscalía de Madrid por la presunta comisión de un delito contra la salud pública. El juicio arranca este lunes en la Audiencia Provincial de Madrid contra el bailaor y otras dos personas por la supuesta venta de estupefacientes en el antiguo piso del artista ubicado en el barrio de Malasaña a terceras personas de manera "persistente" a cambio de dinero.

El popular bailaor cumple prisión preventiva desde el pasado mes de diciembre a instancias de la Fiscalía de Madrid por incumplir las medidas cautelares impuestas en este procedimiento al no acudir a firmar las comparecencias quincenales ante el juzgado.

A su llegada, Marcos García Montes ha destacado que hay que respetar la presunción de inocencia de su cliente y ha recalcado que solo la Policía "habla" de la existencia de un supuesto grupo organizado mientras la fiscal no acusa de este delito. "Vamos a pedir la nulidad de las intervenciones y de los registros", ha recalcado el letrado en relación a las peticiones que alegarán durante la fase de cuestiones previas de la vista oral.

En el caso del bailaor, los agentes intervinieron tres botes conteniendo sustancia Popper (nitritos de alquilo), una bolsita conteniendo sustancia que resultó ser feniletilamina con un peso neto de 0,089 gramos y un frasco conteniendo 6 mililitros de GBL con un valor en el mercado de 314,19 euros en su venta por gramos.

Además, pedirá que su cliente declare al final para que pueda escuchar la prueba testifical y pericial. De igual modo, planteará "problemas de drogodeoendencia", acreditando que sigue un tratamiento en la cárcel de Sto del Real. "Acreditaremos que tiene un consumo severo a diferentes sustancias", ha reseñado.

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Estaba previsto que el juicio se celebrara el pasado mes de junio pero se suspendió después de que Eduardo de los Santos, el exproductor del bailaor, renunciara a su abogado. Amargo mostró su malestar porque entonces llevaba dos años y medio sin tener su pasaporte para poder trabajar.

"Qué culpa tengo yo, que lo estoy haciendo todo correcto. Hay cizaña sin sentido. Esto le está costando la vida a mi padre, que está agonizando en un hospital. Pido humanidad porque no se puede estirar más y pido por favor a la fiscal que sea profesional", reclamó.

La próxima semana, los días 8, 10, 11 y 12 de abril, Amargo se sentará en el banquillo de los acusados junto a su exproductor teatral y un socio por la presunta venta de estupefacientes en el barrio de Malasaña, hechos por los que la fiscal solicita una pena de 9 años de cárcel por un presunto delito contra la salud pública.

Otra causa por hechos similares

Al artista le investiga además el juez de Instrucción número 27 de Madrid por la presunta comisión de un delito de tráfico de drogas y atentado a la autoridad, a raíz de una denuncia interpuesta el pasado julio por sus vecinos en relación a la presunta venta de droga en su piso de la calle Espíritu Santo de la capital.

Por estos hechos, fue detenido en Alicante, quedando en libertad provisional. La jueza le impuso la obligación de comparecer quincenalmente en el juzgado y la prohibición de salida del país. Este arresto se suma a la detención del caso que se juzga ahora en la Audiencia de Madrid. Respecto al caso que se juzga ahora, Amargo fue detenido el 1 de diciembre de 2020 junto a su pareja y otras dos personas en el marco de la 'operación Codax', cuyo nombre significa cuervo en latín y se apoda así por una imagen de Amargo de su Instagram en la que aparece con unas alas de esta especie de ave.

Tras declarar, los arrestados quedaron en libertad con medidas cautelares como la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del territorio nacional y la obligación de acudir cada quince días al juzgado, lo que se incumplió por parte de los investigados.

En su escrito de acusación, la fiscal solicita la misma pena para Eduardo de los Santos, asistente de producción de Amargo, al actuar supuestamente de forma "conjunta" con el otro acusado en la compra y posterior distribución de dichas sustancias.

En su relato, la fiscal relata que, durante los meses de abril y diciembre de 2020, ambos "se venían dedicando de manera concertada y persistente a la distribución de sustancias estupefacientes, entre otras metanfetamina, a terceras personas a cambio de dinero".

Venta a terceras personas

A tal fin, los dos acusados adquirían la sustancia de manera "conjunta" a los distintos suministradores, para posteriormente repartirla entre ambos y venderla a terceras personas.

Así, el bailarín supuestamente vendía las sustancias estupefacientes a las personas que acudían a su domicilio y en otras "hacía llegar la sustancia al lugar donde el cliente indicaba para lo cual se valía de su hombre de confianza, el también acusado Manuel Ángel B.L., otro de los socios de Amargo, a sabiendas de lo que portaba, después de hacer la entrega correspondiente, regresaba al domicilio para entregarle el dinero obtenido con la venta".

A modo de ejemplo, la Fiscalía relata que el 27 de abril de 2020, Manuel Ángel fue sorprendido por la Policía cuando se disponía a entregar a un cliente, a cambio de 50 euros, una bolsita con sustancia que resultó ser metanfetamina; sustancia que había recogido minutos antes del domicilio de Amargo, "donde debía regresar para entregar el dinero".

Asimismo, a raíz de los dispositivos de vigilancia que se establecieron sobre su domicilio, los policías nacionales pudieron observar "cómo acudían numerosas personas que, tras acceder al mismo y permanecer en el interior escasos minutos, salían nuevamente de manera apresurada, procediendo los agentes a identificar a dos de ellas, interviniendo sustancia estupefaciente que se había adquirido en dicho domicilio, levantándose las correspondientes actas de aprehensión".

Por un auto dictado el 1 de diciembre de 2020 por el Juzgado de Instrucción número 48 de Madrid se autorizó la entrada y registro en los domicilios de los acusados.

En el caso de Juan Eduardo, los agentes hallaron un bote conteniendo sustancia que resultó ser metanfetamina, con un peso neto de 4,466 gramos y una pureza del 76,4%, con un valor en el mercado de 115,67 euros en su venta por gramos; una bolsita conteniendo sustancia que resultó positivo a ketamina, con un 50,4% de pureza; y MDMA con una pureza del 6,9% con un peso neto total de 0,185 gramos con un valor en el mercado de 18,5 euros en su venta por gramos.

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