Ayuso vuelve a involucrar a la Comunidad de Madrid en la defensa de su pareja

Madrid

MAR lo ha vuelto a hacer. El ‘todopoderoso’ jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso ha puesto de nuevo a disposición de la defensa de Alberto González Amador la maquinaria de la Comunidad de Madrid, pagada con fondos públicos, y cuyo fin es asistir a la presidenta regional en el ejercicio de sus funciones. Lo ha hecho enviando un mensaje a determinados medios en el que, en nombre de la Comunidad de Madrid, anuncia la inminente devolución por parte de la Agencia Tributaria de 552.000 euros al novio de la presidenta.

Ese extremo, la devolución de esa cantidad, no ha sido confirmado por la Agencia Tributaria, que no puede hablar públicamente de los asuntos que afectan a un particular. Consciente de esa limitación, y de que puede usarla a su favor, Rodríguez ha mezclado en su mensaje de forma deliberada la liquidación de cuentas entre González Amador y Hacienda y la situación judicial de este ciudadano.

Son dos asuntos relacionados, pero que discurren por vías paralelas: por un lado, está la cuestión de quién debe ahora dinero a quién -es habitual que los investigados por fraude fiscal depositen cantidades importantes de dinero ante la Agencia Tributaria para aliviar la pena en caso de condena-; y por otro, muy distinto, las posibles responsabilidades penales de González Amador -él mismo ha confesado que defraudó a Hacienda con el mismo objetivo de recibir un castigo menor-.

Los segundas las decidirá la justicia y solo ella. De momento, González Amador tiene abierta una investigación en el juzgado de instrucción número 19 de Madrid, que imputa a la pareja de la presidenta dos delitos de fraude fiscal y uno más de presunta falsedad documental, por los que tendrá que declarar ante la jueza instructora el próximo 20 de mayo.

En su comunicación informal, en cambio, el jefe de gabinete de Ayuso utiliza esa liquidación de la Agencia Tributaria para inferir que, si la Fiscalía no se aviene a un pacto con el afectado para evitar el juicio, es por mero interés político. Rodríguez abona así la tesis de que todo obedece a una operación de desprestigio pilotada desde Moncloa, que desde que estalló el caso esgrimen la presidenta regional -y su equipo- para deslegitimar la investigación. “El resultado final de la cacería política que ha sufrido es que González Amador, a final de cuentas, tiene un saldo positivo de más de 200.000 euros”, recoge el diario ABC citando “fuentes del Gobierno regional”.

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A preguntas de la Cadena SER, el equipo de Ayuso no ha concretado cuál es el concepto por el que González Amador recibirá esa supuesta devolución. Simplemente se ha limitado a confirmar que la información publicada por otros medios “es correcta”. Entre otros extremos, se afirma sin acreditación documental alguna que “la misma sociedad que la AEAT –siglas de la Agencia Tributaria- consideró que era 'pantalla/interpuesta' ahora se reconoce que no lo era”.

El mensaje de MAR, cuyo origen ha confirmado la SER, ha sido el primer hito en una operación de propaganda, que se ha desplegado minutos después de la publicación de la supuesta información. Desde Guadarrama, en un acto sin preguntas, Ayuso ha enumerado las conclusiones que ella ha sacado de la supuesta decisión de la Agencia Tributaria: “Uno, que yo no mentí -cuando dijo que Hacienda le debía 600.000 euros a su pareja-; dos, que tenía razón; y tres, que todo lo que está pasando obedece a una cacería política”. Poco antes, el portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García, que habitualmente rehúsa hablar del novio de Ayuso por ser “un particular”, ha roto esa máxima para insistir en tesis similares a las de la presidenta.