Claves de la declaración del novio de Ayuso ante el juez: qué delitos se le atribuyen y a qué penas se enfrenta

Madrid

La estrategia de defensa diseñada por el equipo de confianza de la presidenta Isabel Díaz Ayuso se reduce a definir como una "cacería política" la investigación abierta contra su pareja, Alberto González Amador, por un presunto fraude fiscal cometido contra la Hacienda pública. Sin embargo, el novio de Ayuso acude este lunes a los juzgados de Plaza Castilla de Madrid para declarar como investigado y después de que sus abogados hayan reconocido los hechos ante la Fiscalía con la intención de alcanzar un pacto que evite la pena de prisión.

El origen del caso

El caso estalló el 12 de marzo de 2024, cuando elDiario.es adelantó que la Fiscalía de Madrid había denunciado a Alberto González Amador por dos delitos de fraude fiscal y otro de falsedad documental. Según la investigación de la Agencia Tributaria, González defraudó más de 350.000 euros en los años 2020 y 2021 a través de un entramado de sociedades pantalla y facturas falsas. Las pesquisas se inician a raíz de las declaraciones del Impuesto de Sociedades presentadas en el año 2021 y 2022 correspondientes a los ejercicios fiscales anteriores. Ahí, se detecta un incremento considerable en la facturación de las empresas de la pareja de la presidenta madrileña.

En 2020, coincidiendo con el primer año de la pandemia, sus ventas se multiplicaron por seis, hasta alcanzar los 2.300.000 euros. Sin embargo, solo declaró 8.400 euros de beneficio ante Hacienda. Esto era posible, según la Fiscalía, porque Alberto González Amador presentó facturas a empresas terceras que le permitían deducirse gastos. Sin embargo, el informe de Hacienda concluye que esos gastos nunca existieron y que se realizaron con la única intención de defraudar al fisco. Habla de facturas claramente falseadas.

Imputado por fraude fiscal y falsedad documental

El juzgado de instrucción número 19 de Madrid decidió, en un auto fechado el 20 de marzo, abrir diligencias contra Alberto González Amador y otras cuatro personas por la operación que, presuntamente, le permitió defraudar esos 350.000 euros ante Hacienda. La titular de este órgano judicial señala que existen 15 facturas falsificadas que no se corresponden con la prestación de ningún servicio. En la mayoría de los casos, son documentos mercantiles que en su día fueron emitidos por las compañías de González Amador por negocios con empresas andaluzas de ganado. La jueza ya avanza que no se ve, por ningún lado, el objeto de esos negocios cuando González se dedicaba al sector sanitario.

Por tanto, esas 15 facturas falsificadas son, presuntamente, el vehículo criminal que le permitió perpetrar los dos delitos contra la Hacienda Pública. Estos documentos intentaban engañar al fisco para reducir el abono del Impuesto de Sociedades de los ejercicios de 2021 y 2022. En total, algo más de 350.000 euros.

Penas de hasta seis años de cárcel

La jueza ha citado a declarar a Alberto González Amador por dos presuntos delitos de fraude fiscal y otro más de falsedad documental. El delito contra la Hacienda Pública está recogido en el artículo 305 del Código Penal. La ley prevé penas de prisión de uno a cinco años y sanciones económicas que pueden multiplicar por siete la cantidad defraudada. El delito de falsedad documental está regulado por el artículo 390 del Código Penal y plantea penas que van de los tres a los seis años de prisión.

Posible pacto con la Fiscalía

Ante la gravedad de la posible condena, los abogados de Alberto González Amador trataron de alcanzar un acuerdo con la Fiscalía. La pareja de Ayuso propuso asumir 8 meses de cárcel y el pago de 525.000 euros para evitar el juicio por fraude fiscal y falsedad documental. El acuerdo de conformidad adelantado por la SER implicaba el reconocimiento de la comisión de dos delitos de fraude fiscal.

Sin embargo, la Fiscalía rechazó en su querella esta primera propuesta de la pareja de la presidenta madrileña. El Ministerio Público pretendía que, además de los dos delitos fiscales, se asuma el de falsedad documental.

Una vez iniciado el procedimiento judicial, González Amador tiene la opción de llegar a un acuerdo con la acusación de la Fiscalía. Es, de hecho, habitual que se alcancen ese tipo de pactos para atenuar las condenas y evitar la entrada en la cárcel. A cambio, eso sí, de admitir los delitos y pagar una multa económica considerable.