Fuenlabrada levanta el precinto de las obras del centro de menores inmigrantes y pide a Feijóo que intervenga
El desprecinto se produce después de recibir a las 8,30 de la mañana el auto judicial. Según ha sabido SER Madrid Sur, el Gobierno regional solicitó ante los Juzgados remitir a Fiscalía la actitud del alcalde por “posibles delitos de desobediencia”, pero la iniciativa no prosperó
Fuenlabrada
El Ayuntamiento de Fuenlabrada ha levantado el precinto de las obras de acondicionamiento que la Comunidad de Madrid está realizando en el edifico de La Cantueña, donde quiere crear un centro de menores inmigrantes no acompañados. De esta forma, los trabajos se han vuelto a reanudar, tras ser paralizados por orden municipal el pasado miércoles. La decisión se produce tras recibir de forma oficial el Consistorio, a las 8,30 de la mañana, el auto del Juzgado de lo Contencioso Administrativo que aceptó el recurso regional y aplica una medida cautelar para evitar la paralización de obras hasta una decisión definitiva, que emitirá después de que Fuenlabrada presente sus alegaciones.
Pero la escalada de tensión entre administraciones local y regional en este tema no se queda aquí. Ahora el alcalde fuenlabreño, Javier Ayala ha ido más allá y ha pedido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que intervenga en este asunto, “ponga sentido común” y pare “el atropello” a la ciudadanía fuenlabreña que, en su opinión, está realizando la Comunidad de Madrid con su decisión "unilateral" sobre este centro, sin consensuar con el Ayuntamiento. Las declaraciones de la portavoz del PP en Fuenlabrada y diputada, Noelia Núñez, en las que se decía que estos menores harían actividades de recuperación del paisaje y repoblación de especies para los vecinos de Parla y Fuenlabrada, han despertado la indignación del regidor que recuerda que no se trata de “un parque temático”. Ayala reprocha también , en el video subido a su red social X, la decisión unilateral de la Comunidad de Madrid para instalar este centro incumpliendo el uso que se establecía para su cesión.
Denunciar al alcalde por desobediencia
SER Madrid Sur ha conocido que la Comunidad de Madrid solicitó este jueves al Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 24 de Madrid anular la decisión municipal de precintar las obras. Y en esa providencia también se pide remitir al Ministerio Fiscal la postura del alcalde, Javier Ayala, “por la comisión de posibles delitos de desobediencia”. Sin embargo, la magistrada-juez, Beatriz Victoria Prada, lo ha rechazado. En su providencia indica, en letras mayúsculas, que “NO HA LUGAR POR AHORA”, ya que dice, “no se han practicado los requerimientos necesarios, con advertencia de sus consecuencias, sin perjuicio de las decisiones que deban ser adoptadas con posterioridad, una vez se reciba la notificación de la resolución en el supuesto de que se constate su incumplimiento”.
El Gobierno autonómico pedía al Juzgado que ordenara “de forma inmediata” al Ayuntamiento el cumplimiento del auto del juez donde se aceptaba el recurso regional. Sin embargo, la magistrada rechaza la petición al carecer el Consistorio del sistema de notificación electrónica LEXnet y no haber recibido el auto judicial cuando precintó la obra. Explica que la notificación se ha tenido que realizar por correo certificado y urgente con acuse de recibo, por lo que hasta este viernes no ha llegado al interesado. En este sentido la jueza censura que el Consistorio no tenga el sistema LEXnet, “pese a estar legalmente obligado a tenerlo”, según indica en mayúsculas en su providencia.
Desde el Ayuntamiento se insiste en que hasta que no se resuelva el expediente de reversión de cesión del local que han abierto, no se tendría que hacer obras en este edificio. Además, afirman queel modelo de macrocentro que quiere instalar la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, no es el adecuado porque "contraviene las recomendaciones del Consejo de Europa y la propia Ley regional de servicios sociales". Además, recuerdan que el centro estará "en medio de la nada y rodeado de polígonos industriales y autovías" y eso, dicen, "no es la manera de atender a menores".