El centro de menores migrantes de Fuenlabrada llega a la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia

Fuenlabrada

El Consejo de Europa ha dado traslado a la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia el caso del centro de menores migrantes no acompañados que la Comunidad de Madrid quiere abrir en Fuenlabrada en un edificio cedido por el Ayuntamiento para fines medioambientales.

El alcalde fuenlabreño, Javier Ayala, llevó este asunto, que está generando una fuerte polémica entre administraciones, al Consejo de Europa por considerar que el modelo de macrocentro que acogerá a 100 menores, y la ubicación, en un polígono industrial rodeado de autovías, va en contra de las recomendaciones del propio Consejo. Desde el Ayuntamiento se defiende que de esta forma no se promueve la igualdad entre personas, ni se trabaja “en favor de construir una sociedad más inclusiva”, que ofrezca “protección efectiva a los menores”.

Las mismas fuentes apuntan a que la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia tiene prevista una vista a España en el segundo semestre de este año, en la que no se descarta que “pudieran interesarse” por conocer más de lo que está ocurriendo. El Gobierno de Fuenlabrada viene criticando la “prepotencia” de la Comunidad en este caso y la “obsesión” porque se construya el centro en esta ciudad. Además recuerdan que existe un expediente municipal para intentar revertir al Consistorio la titularidad del edificio.

Críticas del delegado del Gobierno

Por su parte, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, siempre muy crítico con las políticas de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha cuestionado, en una entrevista con Servimedia, que el Ejecutivo regional quiera “concentrar en un macro recinto de 100 plazas en medio de un polígono industrial de Fuenlabrada”. En este sentido ha recalcado, como ya lo hizo su compañero de partido y alcalde fuenlabreño, Javier Ayala, que la ubicación del centro “contraviene las recomendaciones del Consejo de Europa y también los principios de Ley de Derechos Sociales de la Comunidad de Madrid”.

Es más, el delegado del Gobierno en Madrid cree que “nuevamente” el Ejecutivo autonómico actúa de manera “francamente irresponsable”, entre otras cosas, por querer situar esta instalación en un “terreno cedido para otros usos y sin acuerdo con el Ayuntamiento”. Esta falta de acuerdo es para él “un salto importante a la hora de intentar resolver bien las cuestiones”, aunque para Martín, lo más grave de todo es “el formato con el que se quiere diseñar este instrumento en cuestión”, un macrocentro, donde se ubicarán 100 menores, alejado de los núcleos urbanos más próximos, como Fuenlabrada y Parla. En este sentido, los consejeros regionales de Presidencia y Asuntos Sociales, Miguel Ángel Martín y Ana Dávila, han asegurado que no se contraviene recomendación alguna y que se cumple la Ley en todo momento, recordando que en las proximidades hay líneas de autobús que comunican con los núcleos urbanos más cercanos.

Martín ha subrayado que estos menores extranjeros no acompañados son “uno de los colectivos más vulnerables que puede haber”, ya que, “aunque despectivamente” se les llama ‘menas’, se trata de “niños y niñas, adolescentes, que vienen de otros lugares y están solos”. Por eso, considera que el modelo y la ubicación va en la línea contraria al servicio social que necesitan estas personas para su integración.

Dávila visitó la pasada semana las obras de acondicionamiento del edificio de La Cantueña, junto con el consejero de Presidencia, y adelantó que éste sería un centro de primera acogida, donde los menores tendrían espacios formativos, para aprender cosas como el idioma o conocer mejor el país donde habían llegado. Además, este centro, dijo, dispondrá de espacios formativos en medio ambiente y para actividades de ocio y cultura abiertos a todos los jóvenes fuenlabreños. En esa visita se conoció que las previsiones apuntan a que a lo largo del verano llegarían los primeros menores. El Ayuntamiento presentó el pasado miércoles ante el juez sus alegaciones contra el inicio de obras y ahora será la justicia la que se tenga que pronunciar sobre si el Gobierno municipal puede paralizar las obras o deben continuar.