La comisión sobre el cementerio de Parcesa en Sanse reconoce errores de funcionarios pero no de políticos
Las conclusiones aprobadas por la mayoría dicen que “no se puede concluir que el ex vicealcalde actuó de forma adecuada, pero tampoco lo contrario”
El alcalde y el vicealcalde de Sanse, Narciso Romero (PSOE) y Miguel Ángel Martín Perdiguero (CS) visitan las obras de un centro educativo del municipio
San Sebastián de los Reyes
La Comisión de Investigación sobre la construcción de un cementerio crematorio privado ha finalizado con las votaciones de las conclusiones del Partido Popular como las más apoyadas. La denuncia, impulsada por Izquierda Independiente, se refería a que se pretendía construir en una parcela muy próxima a viviendas de Dehesa Vieja y de las urbanizaciones de La Granjilla y Fuente El Fresno. Para validar su aprobación, el anterior ejecutivo de coalición de PSOE y Ciudadanos, pidió informes a técnicos municipales que dieron por buena la propuesta desoyendo a los que señalaron que no era correcto. La formación independiente acusó al ejecutivo de “trato de favor” a esta empresa para un proyecto que fue finalmente paralizado por la justicia.
En las conclusiones con mayor número de votos se señala que el gobierno de PSOE-Cs actuó de una forma adecuada al aprobar inicialmente el instrumento urbanístico en Junta de Gobierno Local. Indica que este contaba con los informes favorables, incluido el de la Dirección General de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, que siendo innecesario tuvo la cautela de solicitar. Las conclusiones sí que recogen que la actuación de la máxima responsable de urbanismo no fue la adecuada, y que el Jefe de Servicio Técnico de Urbanismo introdujo una valoración subjetiva, ajena a su función, reconociendo el interés general del proyecto, “un error grave” según la Asesoría Jurídica actual.
El informe del PP, en el gobierno, afirma que la compensación que exigió el anterior concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Martín Perdiguero, podía enmascarar la intención de “compensar” el canon que se dejaba de percibir por tramitar el proyecto a través de un Plan Especial. La conclusión más importante es que no se han puesto de manifiesto suficientes indicios a través de la documentación obrante en el expediente de la comisión y en las comparecencias habidas, “para considerar que la conducta de Martín Perdiguero no fuer la adecuada, si bien tampoco se puede concluir lo contrario”.
Para Martín Perdiguero, las conclusiones demuestran que adoptaron el acuerdo que los informes favorables proponían, y que ningún técnico recibió presiones por parte de políticos para realizar sus informes.
Estas conclusiones elaboradas por el Partido Popular en el gobierno, contrastan con las presentadas por los denunciantes del partido Izquierda Independiente, que sigue apuntando a que hubo reuniones sin actas ni registro oficial entre el anterior gobierno de PSOE-Ciudadanos, funcionarios y la empresa promotora PARCESA.
El portavoz de Izquierda Independiente, Juan Torres, también cree que se han encontrado indicios suficientes de posibles actuaciones para favorecer a la empresa privada y arbitrariedad en la sección municipal de Urbanismo. Por todo ello, Torres sigue insistiendo en que la alcaldesa del Partido Popular, Lucía Fernández, lleve todos los datos recabados ante la fiscalía.
La Comisión de Investigación recoge en sus conclusiones la necesidad de introducir mecanismos para evitar que funcionarios sin un conocimiento exhaustivo del ordenamiento jurídico en general y del planeamiento municipal, en particular, informen expedientes introduciendo consideraciones que no se ajustan a la normativa.
