El TJSM admite el recurso de Fuenlabrada sobre la adjudicación urgente de las obras del centro de menores migrantes
El Tribunal ha admitido a trámite este recurso contra la decisión de la Comunidad de Madrid y abre pieza separada sobre la solicitud municipal de paralización inmediata de los trabajos del centro
Edificio en Fuenlabrada donde la Comunidad de Madrid quiere instalar un centro de menores inmigrantes no acompañados. / Google Maps
Fuenlabrada
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Ayuntamiento de Fuenlabrada contra la decisión de la Comunidad de Madrid de adjudicar por “procedimiento de emergencia” el proyecto y ejecución de las obras de acondicionamiento parcial del centro de primera acogida de menores migrantes no acompañados en ‘La Cantueña’. Los trabajos se adjudicaron a la empresa ‘Construcciones Ruesma S.A’ el 10 de abril de 2024 y se publicaron en el portal de contratación pública el 24 de mayo de 2024. La duración de las obras se ha estipulado en una “duración máxima de 5 meses”, según aseguraba el recurso municipal, por un importe de 6.900.000 euros.
La jueza pide a la Administración regional que remita el citado expediente administrativo con el fin de ser trasladado al Ayuntamiento. Además, abre pieza separada para estudiar la solicitud municipal de paralización inmediata de los trabajos en este edificio.
Lo que pide el Ayuntamiento
El recurso planteado por el Consistorio se presentó contra el expediente de adjudicación urgente del contrato de obras en este centro. En recurso se pedía que la Comunidad de Madrid hiciera entrega del “expediente administrativo” al Ayuntamiento para “formalizar la correspondiente demanda”.
En segundo lugar, se solicitaba una “medida cautelar consistente en la suspensión de la ejecución del contrato de obras”, es decir, la paralización de los trabajos que allí se realizan. Se insiste en la existencia de un proceso municipal para revertir la cesión del edificio, que en su día se hizo al Gobierno regional, y el hecho de que éste no se haya utilizado para los fines acordados como Centro de Difusión Ambiental.
Los servicios jurídicos municipales consideran que es necesaria esta suspensión de obras porque “en el caso de que se estime nuestro recurso, serían declaradas ilegales” por el Ayuntamiento. Si estuvieran finalizadas antes de la decisión judicial al respecto, “el recurso se vería desprovisto de utilidad” ya que se ha permitido “lo que a priori se quiera anular, por lo que parece factible, ya sólo con este punto, acceder a la medida cautelar solicitar por esta representación”.