La Comunidad de Madrid recurre la reversión de la concesión de Fuenlabrada del edificio de La Cantueña

Fuenlabrada

La Comunidad de Madrid ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo del Ayuntamiento de Fuenlabrada para revertir la cesión al Gobierno autonómico el espacio municipal de La Cantueña, donde el Ejecutivo inició hace varias semanas unas obras para habilitar un nuevo centro de primera acogida de menores inmigrantes. Según han indicado desde el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en un comunicado, este inmueble cuenta con la titularidad de la Comunidad de Madrid, "por lo que no puede ser revertido" ya que el Consistorio gobernado por el socialista Javier Ayala "no ostenta la propiedad" de la finca.

El pasado lunes, el Ayuntamiento de Fuenlabrada aprobó en la Junta de Gobierno Local resolver la cesión del espacio al entender que incumple el convenio de 21 de diciembre de 1999 donde se estipulaba su uso como un espacio de difusión ambiental y que debía redundar en beneficio de los vecinos de Fuenlabrada. El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García, ha recriminado esta decisión del alcalde socialista y le pide las "verdaderas razones" por las que "no quiere" atender a los menores no acompañados, lo que demuestra su "completa insolidaridad". "La crisis migratoria y el caos del Gobierno de Pedro Sánchez a la hora de gestionar este asunto hace necesario que las comunidades autónomas ampliemos los recursos para atender a los menores no acompañados que en este momento están completamente saturados”, ha remarcado.

Inversión para rehabilitación y gestión

Este acuerdo del Consistorio fuenlabreño se produce pocos días después de que la Comunidad de Madrid aprobara una nueva inversión de 18,7 millones de euros para el acondicionamiento y gestión de este nuevo centro de primera acogida de menores, que contará con 4.000 m2 y podrá albergar hasta 96 personas. El Consejo de Gobierno daba luz verde el miércoles pasado a un presupuesto total de 6,9 millones para el acondicionamiento del inmueble y de 11,8 millones destinados a la gestión de este dispositivo, cuya duración del contrato se extenderá desde el próximo 1 de noviembre de 2024 hasta el 31 de octubre de 2026.

Este recurso de primera acogida está diseñado para estudiar y valorar cada caso en su globalidad y proponer, si es necesario, la asunción de una medida de protección, así como orientar la intervención social más adecuada, promoviendo los tratamientos requeridos.