La Audiencia Nacional asume la investigación de una trama mafiosa china con centro en Fuenlabrada
En 2017 fueron detenidas más de medio centenar de personas acusadas de contrabando, falsificaciones y tráfico de drogas, entre otros delitos
Imagen de la Audiencia Nacional / Europa Press News
Madrid
El Tribunal Supremo ha determinado que sea la Audiencia Nacional la encargada de investigar una supuesta trama mafiosa con origen en China y en el polígono industrial Cobo Calleja de Fuenlabrada y ramificaciones en el sur de Tenerife, donde la organización contaría con dos empresas instrumentales con cuentas abiertas en la isla.
Igualmente, el grupo habría realizado inversiones inmobiliarias, concretamente en la localidad de Adeje desde donde a continuación los beneficios eran enviados a China, Hong-Khong y Singapur. Las primeras investigaciones apuntan a que el fraude podría haber supuesto un perjuicio para la Hacienda estatal de 16 millones de euros.
En el mes de abril la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Madrid decidió inhibirse de este procedimiento que se estaba tramitando en un Juzgado de Fuenlabrada al entender que la competencia correspondía a la Audiencia Nacional. En estos momentos la causa se encuentra en la fase intermedia, después de que el Ministerio Fiscal haya presentado una acusación formal contra 54 personas físicas y 6 jurídicas.
Contrabando, falsificaciones y tráfico de droga
A todas ellas se las considera responsables de integrar una organización cuyo objetivo era obtener lucro mediante fraude de impuestos, contrabando y comercialización de efectos con infracción de los derechos de propiedad industrial. También se les atribuye supuesto tráfico de drogas y blanqueo por medio de falsificación de facturas y otros documentos mercantiles.
Entre 2009 y 2014 la organización habría introducido en España principalmente productos textiles y de confección, fármacos, material informático y electrónico de fotografía procedente de China, Hong Kong y de la Unión Europea.
Un asunto que el Juzgado madrileño consideró que debería ser investigado desde la Audiencia Nacional y así se lo planteó al Supremo que le acaba de dar la razón mediante un auto.
Compleja trama internacional
La acusación considera probado que se está ante defraudaciones para alterar el precio de las cosas con grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil, al evitarse el pago de aduana y del Impuesto del Valor Añadido (IVA). Con ello se permitirían precios sin competencia y falsificación de marcas con el consiguiente perjuicio para los legítimos titulares.
La gravedad vendría determinada por la magnitud de la organización que estaba repartida por distintos puntos de España, entre ellos Tenerife, donde se han domiciliado dos de las seis sociedades investigadas.
También el objeto del procedimiento es un presunto tráfico de drogas y de sustancias farmacéuticas, cometido por organización criminal en el extranjero y a lo largo de España.
Se indica que se descubrió una red de sociedades en España, Portugal, Italia, Holanda, que importaban ilegalmente los productos, los vendían vulnerando las leyes impositivas, de propiedad industrial y de salud pública.
La cifra reclamada por el Estado excede “con creces” los 7 millones que de forma general se han fijado como cuantía que afecta a la economía nacional y según la Audiencia Provincial se estaría ante una grave repercusión en el tráfico mercantil que deriva en la supresión de pagos de aduanas.
