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Fuenlabrada teme que se quiera centralizar toda la atención a menores extranjeros de la región en La Cantueña

Creen que podría suponer el cierre de otros recursos. A escasos días de la apertura del centro de acogida de menores extranjeros no acompañados, el alcalde no tiene nada de información, ni siquiera de los recursos municipales que habrá que destinar

La consejera de Asuntos Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila (derecha) y el consejero de Presidencia regional Miguel Ángel García (centro), durante la visita en junio pasado a las obras del centro de menores extranjeros en Fuenlabrada. / Pilar García (SER Madrid Sur)

Fuenlabrada

La consejera de Asuntos Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, aseguraba que la segunda quincena de septiembre se abriría el centro de menores extranjeros no acompañados de La Cantueña en Fuenlabrada, una instalación que ha desatado una guerra entre el Gobierno regional y el de Fuenlabrada, que tiene abierta tres denuncias judiciales al respecto.

A pocos días de esa anunciada apertura, desde el Ayuntamiento se incrementa el malestar por tener “información cero” de todo lo que tiene que ver con el centro, “algo que es la tónica desde que comenzó el proceso”, según indican fuentes municipales. Esto hace al Ejecutivo local reafirmarse en la creencia de que lo que pretende la Comunidad de Madrid es “centralizar en Fuenlabrada toda la atención a estos menores que lleguen a la región, cerrando otros recursos”, dicen las mismas fuentes. El alcalde, Javier Ayala, en todo momento ha insistido en que el proyecto no es el adecuado porque incumple las recomendaciones del Consejo de Gobierno al respecto, la instalación está aislada, los menores estarán masificados, sin respetar “los derechos de los chicos y chicas, que no se encontrarán en un lugar adecuado”.

Desde el Consistorio ven sorprendente que a estas alturas nadie les haya dicho cuándo acabarían las obras, cuándo piensan traer a los primeros residentes, ni si quiera que recursos municipales van a necesitar. En este proceso, el Ayuntamiento fuenlabreño ha interpuesto tres denuncias judiciales, sobre las que los jueces nos se han pronunciado todavía, sólo dictado medidas cautelares, que han permitido al Gobierno regional continuar con el proyecto. Las denuncias se han presentado pidiendo paralización de obras, por la reversión de la titularidad y por el procedimiento de adjudicación urgente de los trabajos de rehabilitación. Fuenlabrada ha considerado desde el inicio que la decisión de ubicar este centro en la ciudad es “un castigo” y “una obsesión” para que la dotación se instale aquí.

Parla también se queja de no tener información

En la misma línea de falta de comunicación, el alcalde de Parla, Ramón Jurado, se quejaba la pasada semana en los micrófonos de SER Madrid Sur de no haber recibido información alguna del Gobierno de Ayuso sobre cuándo abrirá el centro, cómo se organizará o en qué régimen de estancia estarán los menores, todo ello necesario para organizar recursos de “escolarización, si fuera necesario”, o sanitarios en los centros de salud de la ciudad.

Hay que recordar que aunque el centro de menores se encuentra en término municipal de Fuenlabrada, está más cerca de Parla que del casco urbano fuenlabreño, por lo que Jurado pide también información al respecto.

La consejera Ana Dávila ha reiterado en numerosas ocasiones que todo se realiza según marca la legalidad, asegurando que la nueva dotación responde “a la situación de crisis migratoria de la que llevamos alertando un año” y de la que es responsable el Gobierno de España por su política migratoria.

 
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