Sociedad

Dos meses de espera para los señalamientos judiciales de violencia sobre la mujer

Alcalá de Henares es ahora mismo el que más retrasos acumula, con señalamientos fijados para el mes de febrero. Los trabajadores de la administración de Justicia denuncian la saturación de los juzgados y la achacan a la falta de agilidad para cubrir bajas

Juzgados de Plaza de Castilla en Madrid / EUROPA PRESS - Archivo (EUROPA PRESS)

Juzgados de Plaza de Castilla en Madrid

Madrid

Los juzgados madrileños de violencia sobre la mujer acumulan importantes retrasos a la hora de establecer señalamientos judiciales para que el juez decida sobre asuntos tan vitales como el domicilio o la situación de los hijos de las víctimas. Ahora mismo, la media de espera en la Comunidad es de dos meses y hay juzgados que están citando incluso para el mes de febrero. Así lo denuncian desde el sindicato de trabajadores de la administración de Justicia.

Esto ocurre tanto en juzgados específicos como en los denominados mixtos, donde estos casos tienen prioridad pero causan también retrasos en el resto de asuntos. "Alcalá de Henares es ahora uno de los juzgados con peor situación, con 2 bajas sin cubrir y hasta hace poco sin juez titular", explica Alberto García Salas, portavoz del sindicato. Los señalamientos en este caso, y en el de Parla, están fijándose en febrero. Y destacan por carga de trabajo los juzgados de Majadahonda, Móstoles, San Lorenzo del Escorial, Collado Villalba, o Arganda del Rey.

Los trabajadores achacan los retrasos a la falta de personal y a la poca celeridad con la que se cubren las bajas. "En Collado Villalba, por ejemplo, han estado casi dos años con dos funcionarios menos, y hasta hace muy poco sin juez titular y eso no puede ser", explica. Por eso exigen una inversión que permita cubrir al completo las plantillas de los juzgados y que siempre haya un juez sustituto para cubrir las ausencias del juez titular. Y recuerdan que existe un acuerdo del año 2009 con el compromiso de contratación de refuerzo para la prolongación de jornada de los trabajadores. "Los empleados ponen de su parte para agilizar los trámites haciendo horas de más, pero eso no es sostenible", señala.

"Trabajamos con una materia muy sensible. Las medidas de protección son cuestiones urgentes sobre las que se decide el mismo día de la denuncia, tras tomar declaración a los implicados, pero ahí no acaba el proceso y cuanto más tarde se resuelva, más tardan las víctimas en recuperarse. En cuestiones como estas, la falta de resolución judicial puede agravar la situación con el presunto agresor", explica García Salas. "Necesitamos una inversión importante para no llegar tarde", concluye.

 
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