Ayuso rebaja los recortes que introdujo en las leyes LGTBI de Madrid

Madrid

El Grupo Parlamentario Popular ha registrado hoy otra reforma de las leyes LGTBI de la Comunidad de Madrid, apenas un año después de las polémicas modificaciones que introdujo en estas normas apoyándose en su mayoría absoluta, y que criticaron con dureza la izquierda y las asociaciones que luchan por los derechos de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales. En líneas generales, los cambios que introduce ahora el PP de Ayuso rebajan el redactado de la ley, que volvía en algunos de sus puntos a patologizar la transexualidad, a equipararla con una enfermedad mental. Afecta a los requisitos exigidos para que los menores puedan acceder a la hormonación, a las garantías en el uso de vestuarios o a la capacidad de los colectivos LGTBI para actuar en defensa de sus derechos.

La reforma del año pasado mantenía la prohibición expresa del uso de las llamadas "terapias aversivas", pero introducía una salvedad en lo relativo al asesoramiento psicológico o la evaluación psiquiátrica "sin que pueda considerarse discriminatoria ni contraria a la libertad de la persona evaluada sino, por el contrario, informadora de la misma con base científica y garantías médicas, para que pueda ejercerse dicha libertad con pleno conocimiento de causa, siempre buscando el bienestar de la persona transexual", decía ese párrafo ahora eliminado. El nuevo texto, por contra, limita el radio de acción de esa evaluación: "Se circunscribirá a informar, con base científica y garantías médicas, a la persona transexual, buscando la protección de su salud", reza el nuevo texto.

Después de defender a capa y espada que su reforma no recortaba derechos de estos ciudadanos, sino que protegía a la infancia; el PP elimina también uno de los puntos más polémicos de la ley, el que obligaba a una evaluación psiquiátrica previa de los menores que quisieran iniciar el proceso de hormonación. Ahora, solo dice que "con anterioridad al comienzo del tratamiento farmacológico, y durante todo el proceso, el menor recibirá apoyo de los profesionales de salud mental infanto-juvenil". Los populares fulminan de su texto también el término "comorbilidad", que según la Real Academia Española (RAE) es "la coexistencia de dos o más enfermedades en un mismo individuo, generalmente relacionadas" y que suponía de forma implícita considerar la transexualidad como una dolencia.

En lo que atañe al uso de vestuarios y otros espacios comunes, el nuevo redactado equilibra los derechos a proteger de las personas trans y de las mujeres y niñas cisgénero; que con la reforma introducida en 2023 recibían un tratamiento asimétrico.

Además, el nuevo texto de los populares vuelve a facultar a las asociaciones LGTBI a personarse como perjudicadas en caso de vulneración de los derechos de estos ciudadanos. La reforma aprobada en diciembre de 2023 decía que el artículo que habilita a estos colectivos a ejercer como interesados "no será de aplicación a los procesos penales ni a los procedimientos administrativos sancionadores".

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El paso atrás del Partido Popular en este asunto se produce tras el recurso de inconstitucionalidad que el Gobierno central presentó ante el Tribunal Constitucional en el mes de mayo. Su admisión a trámite por este órgano de garantías, que aún no se ha pronunciado sobre el fondo de la cuestión, supuso la suspensión de los aspectos más polémicos de la norma hasta que hubiera sentencia. Los populares finalmente han decidido rectificar antes.

"Un triunfo de las personas trans"

La izquierda no ha tardado en celebrar la iniciativa de los diputados de Ayuso. "El Partido Popular se equivocaba discriminando y volviendo a patologizar a las personas trans", asegura Santiago Rivero, portavoz del PSOE en materia de derechos LGTB, que ha calificado la modificación como "un triunfo de la verdad y de la dignidad de las personas trans".

Desde Más Madrid, Manuela Bergerot ha festejado una norma que significará "que los menores trans estarán un poco más seguros". La portavoz en la Asamblea de ese partido asegura que "Ayuso regula por obligación para evitar un varapalo judicial", a raíz de una reforma -la de 2023- que Bergerot califica como "cobarde y miserable".

A la hora de la publicación de este artículo, ninguno de los portavoces habituales del PP de Madrid, ni tampoco la presidenta Ayuso, se habían pronunciado sobre esta iniciativa de su propio grupo. Se han limitado a enviar una nota anunciando el registro del nuevo texto que -dice- "introduce mejoras técnicas y de redacción de acuerdo con las recomendaciones del Consejo de Estado emitidas tras la modificación de dichas leyes en diciembre de 2023".