El alcalde quiere que la tasa de basuras de Colmenar Viejo sea una de las más bajas de la región

Colmenar Viejo

En Pleno Municipal Extraordinario, el Ayuntamiento de Colmenar Viejo ha aprobado inicialmente la adecuación de la Ordenanza que regula la tasa por prestación del servicio de recogida de residuos urbanos en el municipio para dar cumplimiento a la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Esta normativa obliga a todos los municipios españoles a trasladar a los vecinos el coste real del servicio de recogida y gestión de residuos. Se trata de una ley estatal que responde a la Directiva Europea 2008/98/CE que obliga a imponer tasas a los productores de residuos según la cantidad de estos que generan, basándose en el principio de quién contamina más, paga, y proporcionando incentivos para la separación en origen de los resultados reciclables y para la reducción de basuras.

El plazo para su implantación acaba el próximo 1 de enero de 2025 y los tributos para la gestión de residuos deben ser específicos, diferenciados y no deficitarios, es decir, que lo recaudado a los titulares de los inmuebles debe garantizar los costes totales. En el caso de Colmenar Viejo, estos costes, que hasta ahora ha asumido el propio Ayuntamiento, ascienden a los 3 millones de euros, importe que ahora tendrán que pagar entre todos los vecinos del municipio.

El alcalde de Colmenar Viejo, Carlos Blázquez, habla de esta ley como “el basurazo de Pedro Sánchez”, y ha explicado que van a ofrecer un paquete de medidas con distintas bonificaciones y facilidades de pago para que repercuta lo menos posible a las familias. El objetivo que se ha marcado este regidor es que la tasa sea una de las más bajas de la Comunidad de Madrid. Blázquez afirma que la Directiva Europea no obligaba a la tasa, y por ello ha solicitado un informe al Secretario General del Ayuntamiento para que especifique las responsabilidades que tendrían los concejales de la corporación municipal si no aprueban esta ordenanza y los riesgos que asumiría la administración local en caso de no ponerla en práctica. Este incumplimiento podría derivar en sanciones de la Unión Europea o pérdida de subvenciones.

Desde el Partido Popular también han presentado una moción que insta al Gobierno estatal a suprimir la obligatoriedad de imponer esta tasa de residuos a los municipios.