El Ministerio de Infancia lleva el caso del centro de menores migrantes de Fuenlabrada ante Fiscalía

Fuenlabrada

El Ministerio de Juventud e Infancia, encabezado por Sira Rego, se ha dirigido a la Fiscalía de Menores para denunciar el centro de la Cantueña, en Fuenlabrada, que la Comunidad de Madrid abrió a finales de septiembre para acoger a menores migrantes no acompañados. Según explican, las condiciones y ubicación del mismo, podrían suponer “una clara vulneración de los derechos fundamentales” de los menores, ya que no atiende al interés superior de los jóvenes residentes en este lugar, según ha adelantado el diario El País.

En declaraciones realizadas ante los medios de comunicación este viernes, Rego ha asegurado que el centro tiene que ver con “políticas racistas” de la Comunidad de Madrid y que parece más “una cárcel para niños” que un lugar donde se vela por la “protección de la infancia”.

El alcalde fuenlabreño, Javier Ayala, ha aplaudido la decisión del Ministerio que, ha dicho viene a avalar la posición de Fuenlabrada, traslada al consejo de Europa y a la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia. Un modelo que de atención a menores migrantes que “nace mal y no es un modelo a seguir”, sino una “aberración en cuanto al tratamiento de los derechos de estos menores”. Además, ha vuelto a reprochar a la Comunidad de Madrid la falta de información sobre cómo se va a desarrollar el proyecto y cómo se va a proceder con los jóvenes.

Por su parte, la consejera de Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha calificado la denuncia a la Fiscalía como “absolutamente falsa”, alegando que siempre trabajan de la mano de la Fiscalía y en este caso con el aval del Observatorio regional contra el Racismo y la Intolerancia. Dávila ha negado el aislamiento del centro alegando que hay transporte público y diez vehículos para trasladar a los menores que ya están realizando actividades fuera del centro. Sobre este caso también se ha pronunciado el consejero de presidencia, Miguel Ángel García, quien ha tachado la decisión del Ministerio de “hipocresía máxima”, y al Gobierno de Pedro Sánchez de poner “palos en la rueda” a quien actúa para atender a estos menores

Polémica desde el principio

Las dependencias de la Cantueña han comenzado a funcionar en medio de una fuerte polémica, incluida por vía judicial, entre el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y el Ayuntamiento fuenlabreño, desde donde siempre se ha defendido que el edificio cedido por el Consistorio se había dedicado a uno uso distinto al acordado, pero sobre todo, que su aislamiento, en un polígono industrial y junto a la A-42, no permitirá la integración de los menores y contravenía lo establecido al respecto por la Comisión Europea en cuanto a la protección a la infancia.

Esta instalación además, no es, como ya adelantó SER Madrid Sur, un centro de primera acogida, tal y como indicaba el Gobierno regional, sino que también es de mediana estancia. En el documento remitido a la Fiscalía de Menores se indica que el centro se encuentra “en medio de un polígono industrial, alejado de los cuatro núcleos urbanos más importantes (Parla, Pinto, Fuenlabrada y Getafe)” lo que “podría vulnerar” varios “instrumentos jurídicos en cuanto no se ha determinado formalmente el interés superior del menor”.

Contraviene normas nacionales

Entre las normas nacionales e internacionales que indican cómo debe ser la atención a los menores y que en este caso, consideran no se cumplen, se encuentra la legislación nacional donde se garantiza el derecho del niño y adolescente a “participar plenamente en la vida social, cultural, artística y recreativa de su entorno” o el propio derecho autonómico que en el Estatuto de las Residencias de Atención a la Infancia y Adolescencia recoge “el principio de integración de los niños” y la normalización de su vida cotidiana. Igualmente, la Convención sobre los Derechos del Niño establece “el derecho de todo niño a un nivel adecuado para su desarrollo”.

El centro de acogida y mediana estancia de La Cantueña abrió sus puertas a finales del mes de septiembre y a él continúan llegando menores. Desde la Consejería de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid siempre se ha rechazado la premisa de que el centro sea un lugar aislado, resaltando la cercanía en transporte público con Fuenlabrada y Parla y se ha asegurado que los menores recibirán clases de español, sobre la normativa y costumbres del país, además de formación específica. Sin embargo, desde los Ayuntamientos de Fuenlabrada y Parla se han quejado desde un principio de la falta de información sobre el proyecto en general y de cómo se va trabajar a posteriori con los menores. El Gobierno municipal de Fuenlabrada desde que se conoció la noticia ha presentado batalla alegando que iba a crear un macrocentro en el que no se mira por la integración de los menores y en este proceso tiene abiertas tres vías judiciales contra la decisión regional.