La jueza de Navalcarnero ve "indicios sólidos" de presuntos delitos por parte de la exalcaldesa de Arroyomolinos, Ana Millán
Estima un recurso del fiscal contra la resolución de inhibición al TSJM por no realizarse antes una exposición razonada
Ana Millán, exalcaldesa popular de Arroyomolinos
Arroyomolinos
La jueza del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Navalcarnero considera que existen "indicios suficientes" de la comisión de delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude contra la administración por parte de la vicepresidenta de la Asamblea de Madrid, Ana Millán durante su etapa como concejala de Arroyomolinos.
Según el auto que ha adelantado el diario El País, al que ha tenido acceso EFE, se encuentra “justificado y se contienen indicios razonados de los delitos expuestos”, pero añade que este juzgado no tienen competencias para continuar con la instrucción por el cargo de la investigada, ya que Millán está aforada al ser diputada regional.
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Además, según señala el auto, las conclusiones del informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sobre el caso por el que se investiga a la número tres del PP de Isabel Díaz Ayuso muestra, a ojos de la instructora, que los indicios, en este momento de la causa, “son sólidos y suficientemente justificados frente a una investigada que por el cargo que ostenta actualmente se encuentra aforada”.
Por todo, estima parcialmente el recurso de reforma del Ministerio Fiscal contra el auto del pasado 13 de junio, al considerar que debía haberse realizado una exposición razonada sobre los indicios contra Millán, y se formula al Tribunal Superior de Justicia de Madrid que valore su competencia en relación a la instrucción.
Millán, exalcadesa de Arroyomolinos, está siendo investigada por la presunta comisión de un delito de prevaricación administrativa en relación a supuestos contratos irregulares en su primera etapa como concejal en el Ayuntamiento del municipio madrileño.
Toda esta investigación procede de una denuncia presentada en 2016 por el entonces alcalde de la localidad madrileña, Carlos Ruipérez, de Ciudadanos, en tanto que el PSOE denunció los contratos con Waiter Music -clave en la trama Púnica- desde el año 2004.
Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil practicaron el 25 de enero de 2022 un registro en dependencias del Ayuntamiento para solicitar una serie de contratos sospechosos que se llevaron a cabo en mandatos anteriores cuando la alcaldesa era concejal.
Los agentes se personaron en las dependencias municipales para requerir diferentes contratos y documentación de empresas que trabajaron para el Consistorio desde hace más de una década después de que los partidos de la oposición denunciaran una serie de irregularidades al llegar en 2015 al Gobierno.
La UCO detectó, tras analizar las cuentas de la actual regidora popular, unos ingresos de hasta 52.000 euros para Millán sin que se haya podido determinar su procedencia.
