La Audiencia Provincial absuelve al Guardia Civil que disparó a un joven con esquizofrenia en Manzanares El Real
La justicia considera que actúo en legítima defensa porque la víctima se abalanzó amenazándole
Vista aérea del municipio / Ayuntamiento de Manzanares El Real
Manzanares El Real
La Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto al agente de la Guardia Civil que disparó, causándole la muerte, a un joven de 29 años de edad con esquizofrenia en septiembre de 2020 en pleno casco urbano de Manzanares El Real. La justicia considera que actúo en legítima defensa porque la víctima se abalanzó sobre él amenazándole con dos navajas. Según publica Europa Press, se le exonera del delito de homicidio por imprudencia dolosa, y, por tanto, no procede imponer responsabilidad civil alguna.
El agente de la Guardia Civil acusado declaró que se ejecutaron cuatro disparos preventivos al aire, y acto seguido la víctima se volvió, y le amenazó abalanzándose hacia él. Este le disparó ante el temor a un menoscabo de su integridad física. De forma previa, la víctima, había roto el cerco policial y huido a la carrera, portaba dos navajas de forma amenazante, y gritaba en medio de la calle que iba a morir matando policías.
En el momento de los hechos, con hasta doce agentes de la Guardia Civil en el operativo de detención, la víctima atravesaba un episodio de descompensación de su enfermedad. Durante 30 minutos los agentes intentaron reducirle de forma pacífica, pero no fue posible.
El agente ahora absuelto realizó dos disparos, uno alcanzó de manera superficial la cadera derecha de la víctima y otro la pierna izquierda. La bala que penetró en la cara interna del muslo le provocó la rotura de la arteria poliptea. Trasladado al hospital La Paz, falleció el 29 de septiembre como consecuencia del shock hipovolémico derivado del sangrado masivo que provocó la rotura de la arteria.
El Ministerio Público solicitaba una pena de diez meses de multa, a razón de doce euros diarios, y una indemnización a los padres y hermanos del fallecido, que ascendía a 182.688 euros. La familia solicitaba 153.580 euros de responsabilidad civil, si bien entendía qué los hechos narrados eran constitutivos de un delito doloso de lesiones agravadas por uso de arma en concurso ideal con un delito de homicidio por imprudencia grave, sin apreciar la legítima defensa, y pedía cinco años de prisión.
