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Sociedad

Visto para sentencia el juicio por presunta prevaricación en varios Ayuntamientos, entre ellos Getafe

El exjefe de gestión tributaria del municipio admite posibles "errores" pero que hizo "la mejor de las cosas posibles". La Fiscalía pide penas de inhabilitación de entre 12 y 4 años y medio

Vista general del juicio en la Audiencia Nacional contra 16 personas, entre ellas dos exalcaldes de las localidades madrileñas de Chinchón y Velilla de San Antonio de diferentes partidos, y a funcionarios de seis ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, por fraccionar contratos para adjudicar obras pequeñas a la empresa Efial Consultoría / ZIPI (EFE)

Madrid

El juicio celebrado en la Audiencia Nacional por el 'caso Efial', centrado en presuntos delitos de prevaricación en la adjudicación de contratos públicos en una serie de obras pequeñas en ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, ha quedado este miércoles visto para sentencia.

Fue el pasado 4 de noviembre cuando arrancó esta vista, en la que se ha juzgado a una quincena de personas, entre ellos funcionarios y exalcaldes de la Comunidad de Madrid, por prevaricación continuada. Esta pieza afectaba en concreto a los ayuntamientos madrileños de Chinchón, Collado Villalba, Getafe, Velilla de San Antonio, Meco, Móstoles y Torrejón de Ardoz.

En la sesión de este miércoles, algunos de los acusados --que se enfrentan únicamente a penas de inhabilitación-- han utilizado su turno de último palabra, como el principal acusado, el que fuera director territorial de Consultoría en Gestión Innovadora (CGI), la sucesora de la consultora Efial.

Quien se ha extendido más en el uso de este derecho ha sido la alcaldesa de Velilla de San Antonio, Antonia Alcázar, que ha lamentado haber "pasado la pena de banquillo" en su municipio "por unos hechos que ya habían acaecido" cuando ella llegó al cargo en 2015.

El que fuera alcalde de Chinchón, por su parte, ha reconocido que la vista oral ha sido "un trago muy impotante". "Creo firmemente que soy inocente. Lo único que he hecho ocho años es trabajar para mis municipios y con un partido político detrás, como expresé. Ocho años sin coger vacaciones, a no ser que las vacaciones sean irte a las tres de la tarde un viernes del ayuntamiento y volver un domingo por la noche. He dado todo lo que he podido", ha apuntado.

El exjefe del órgano de gestión tributaria del Ayuntamiento de Getafe Emilio Fernández Agüero ha reconocido que, aunque se hayan podido "cometer errores", en el pliego concreto por el que se le juzga "se hicieron la mejor de las cosas posibles". "Con toda mi ilusión, con toda mi formación, con todos mis conocimientos", ha apostillado.

Penas de inhabilitación

La Fiscalía Anticorrupción ha mantenido su petición de penas de inhabilitación para 16 acusados de fraccionar contratos para adjudicar obras pequeñas en distintos ayuntamientos madrileños a la empresa Efial Consultoría, entre ellos dos exalcaldes de las localidades de Chinchón y Velilla de San Antonio.

En su informe definitivo, el fiscal ha sostenido que los responsables de la empresa Consultoría en Gestión Innovadora (CGI), antes Efial, se aprovecharon del sistema y de la situación de "penuria" de medios y personal de los ayuntamientos en los que llegaron incluso a estar "empotrados", como ha recordado que expuso uno de los testigos. A su juicio, los responsables de CGI que se sientan en el banquillo "ignoraron que la administración pública no es una empresa privada y que rige la ley de contratación pública".

Respecto al delito por el que se les acusa, el de prevaricación administrativa, ha explicado que en este caso no se trata de demostrar "si el alcalde no se enriqueció" porque si lo hubiera hecho la acusación habría tenido que ser por malversación de fondos públicos. Fueron gastos, ha señalado, que redundaron en el bienestar municipal y se contabilizaron, pero que partieron de una decisión ilegal a sabiendas, lo que constituye un delito de prevaricación.

Todos los encausados se enfrentan a penas de inhabilitación para cargo o empleo público por un delito de prevaricación administrativa continuada en calidad de autor o de cooperador por periodos que oscilan entre los 12 años y los 4 años y medio.

 
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