12 años después, los acusados por disturbios de Rodea el Congreso se sientan en el banquillo
6 de ellos han asumido una sentencia de conformidad con la Fiscalía y abonaran multas
MADRID, 18/11/2024.- Varios de los 21 acusados de causar desórdenes y de enfrentarse a la Policía durante el 'Rodea el Congreso' del 25 de septiembre de 2012, durante el juicio que tiene lugar este lunes. EFE/ Rodrigo Jiménez / Rodrigo Jimenez (EFE)
Madrid
Seis de los acusados, de los veintiunos que inicialmente se sentaban en el banquillo han optado por admitir un acuerdo de conformidad de la Fiscalía. Se han declarado culpables y pagaran una multa de 1.300 euros, pero no ingresaran en prisión.
No parece que el resto de los acusados tampoco lo vayan a hacer por mucho que la sentencia sea condenatoria. Es lo que tiene impartir Justicia 12 años después de los hechos, que se producen dilaciones de las que son ajenas los procesados y se mantienen imputaciones que dificultan el día a día de los acusados.
Esta circunstancia de dilaciones en la Justicia va a llevar al juez a imponer condenas en dos grados menos de lo que fija el código penal para delitos como atentado contra la autoridad, desórdenes públicos o lesiones, de tal modo que al final pagarán multas y volverán a comprobar cómo han sido "presuntos" durante 12 años.
Ocho de los organizadores del evento fueron procesados por la Audiencia Nacional. Entre ellos figuraba Elena Martínez, actualmente portavoz de la Asamblea de Apoyo a los encausados y en aquella época portavoz de la Coordinadora 25S.
A su llegada a los juzgados, la activista ha señalado que el juicio es parte de "una escalada represiva" que comenzó hace 12 años" con Cristina Cifuentes como delegada de Gobierno en Madrid.
"La propia delegada del Gobierno hablaba de listas negras de militantes políticos, que creemos que eso es más digno de otras épocas que de una democracia. Fuimos perseguidos e identificados. Hubo un despliegue policial como no ha habido en otras movilizaciones", ha subrayado recordando que después se aprobó la Ley de Seguridad Ciudadana, denominada 'Ley Mordaza'.
En las cuestiones previas, las defensas han solicitado que los procesados declaren cuando concluya la prueba, es decir, al final de la vista oral. A través de sus abogados, los acusados que se desvinculan del acuerdo niegan los delitos y solicitan su libre absolución. Los letrados han aportado vídeos, fotogramas y fotografías que demostrarían la inocencia de sus clientes.