Leguina ve rechazada su demanda contra el PSOE y seguirá expulsado del partido
La Justicia señala que no se ha vulnerado su derecho fundamental a la militancia
Isabel Díaz Ayuso y Joaquín Leguina durante su toma de posesión como presidente de la Cámara de Cuentas / Comunidad de Madrid
Madrid
En una resolución, la magistrada titular del juzgado de primera instancia número 68 de la capital señala que la "naturaleza de las expresiones empleadas y el contexto en el que se produjeron", las declaraciones de Joaquín Leguina que dieron pie al proceso de suspensión, "pueden considerarse, razonablemente, como una manifestación de deslealtad al partido y contrarias a los intereses electorales".
Por tanto, se desestima la demanda del actual presidente de la cámara de cuentas regional. No existe, según la Justicia, una vulneración de su derecho fundamental a la militancia.
Esta resolución también fija que será Joaquín Leguina el que tenga que pagar las costas de este procedimiento al ser el demandante. El expresidente regional solicitaba una indemnización de 18.000 que ha quedado eso en una solicitud que no es aceptada.
La magistrada también le recuerda al demandante que cabe deducir razonablemente que Leguina no solo divulgó públicamente que no iba a votar al candidato socialista, el pobre Gabilondo como dijo el expresidente regional, al que presentaba como un candidato formal y no del PSOE, sino del partido “Sanchista”.Por lo que recomendaba el voto para la candidata popular.
El expolítico madrileño reclama a la Justicia que se declare la vulneración del derecho fundamental al derecho de militancia en el PSOE y que se acuerde la paralización del procedimiento.
El pasado mes de abril, el juez rechazó aceptar las medidas cautelares solicitadas contra la decisión del PSOE de suspenderle de militancia.
En la demanda, el expresidente madrileño quiere que se proceda a la declaración de nulidad de la resolución de 23 de noviembre de 2022 que le suspendió cautelarmente la militancia y que se reconozca la existencia de daños morales en el derecho de participar en asuntos públicos y cercenando su derecho constitucional a la crítica y libertad de expresión.
