Constructoras condenadas en la Gürtel ejecutan obra civil en Majadahonda y Boadilla del Monte
Los dos municipios se convirtieron en ejes de la corrupción en 2003 con los alcaldes de esa etapa condenados a 30 años de prisión
La constructora Becsa es la encargada de culminar una pasarela en Majadahonda para unir el barrio de Los Satélites con el municipio
Madrid
Son dos las constructoras condenadas por financiación ilegal del PP en el sumario de la Operación Gürtel. Se trata de Becsa y CHM, que desarrollan en la actualidad obras civiles para los ayuntamientos de Boadilla del Monte y Majadahonda. Becsa está a punto de culminar una pasarela peatonal en el municipio majariego por un valor de 3.354.690 euros, que unirá el barrio de Los Satélites con el resto de la localidad. Esta obra ha sufrido paralizaciones por problemas técnicos y arrastra un retraso considerable.
Por su parte, la constructora CHM afronta la ejecución de uno de los accesos que comunica Boadilla del Monte con la M-50. Esta obra conectará esa infraestructura con uno de los sectores urbanísticos del municipio.
Condenadas, pero no inhabilitadas
En ningún caso la condena a estas compañías llevó aparejada su inhabilitación para contratar con las administraciones. De hecho, en las últimas semanas, el presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, ha concedido contratos a estas empresas utilizando la vía de urgencia para la reconstrucción tras la DANA.
Lo que resulta chocante es que estas dos empresas sean las elegidas por esos ayuntamientos en los que la trama de Francisco Correa -junto a alcaldes del PP y otros altos cargos de la formación conservadora- se lucraron de las arcas municipales hasta casi vaciarlas.
Pero llegó la investigación y llegó la Justicia. Justicia que determinó que el exalcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero ingresara en prisión con 38 años de cárcel en sentencia, mientras que Guillermo Ortega, primer edil de Majadahonda, se llevaba la misma condena por los mismos delitos.
En cuanto al resultado del procedimiento penal contra Becsa y CHM, un acuerdo de conformidad en el que las compañías asumían los delitos de financiación ilegal de la campaña de Camps en las autonómicas de 2007 cerraba el caso.
