La Guardia Civil investiga 81 construcciones ilegales en Algete, Fuente El Sanz o Chinchón

Algete

Agentes de la Guardia Civil en el marco de la “Operación Cimientos 24” han desarrollado a lo largo de los últimos meses un operativo dirigido a la lucha contra la proliferación de construcciones ilegales en la Comunidad de Madrid, mediante el que se han investigado hasta 81 personas en Fuente el Saz del Jarama, Algete, Mejorada del Campo y Chinchón.

La operación es desarrollada desde UPRONA, la Unidad de Protección de la Naturaleza, cuyo objetivo es velar por el cumplimiento de la normativa medioambiental y la investigación de los delitos relacionados con la protección del medio ambiente, entre los que se encuentran los que vulneran la ordenación del territorio y el urbanismo, como en este caso.

Así, ante la proliferación de construcciones ilegales en la región, se han realizado 90 inspecciones, entre junio y noviembre, sobre edificaciones situadas en Fuente el Saz del Jarama, Chinchón, Mejorada del Campo y Algete. Fruto de esas actuaciones, se han investigado a 81 personas or la ejecución de construcciones ilegales en terreno no urbanizable y de protección, a 2 personas por usurpación de agua y defraudación de fluidos y electricidad y a otra persona más por desobediencia a la Autoridad, al quebrantar la resolución del precinto y paralización de obras del Ayuntamiento de Mejorada del Campo.

Además de la investigación por el delito contra la ordenación del territorio y el urbanismo, se han formulado 80 informes-denuncias a los Ayuntamientos respectivos para que ratifiquen las medidas de denuncia y paralización de las obras ilegalmente detectadas, así como para que inicien los respectivos procedimientos de restitución de la legalidad urbanística con la consiguiente demolición de la construcción si fuera necesaria.

Con este tipo de operativos se contribuye a la protección de la ordenación del territorio y el urbanismo que afecta significativamente al medio ambiente y a las especies de flora y fauna que lo habitan. Además, las construcciones ilegales no cuentan con viales y pavimentación adecuada, así como iluminación o hidrantes al carecer de suministros de agua potable. Esta precariedad contribuye al riesgo que puedan sufrir las propias viviendas y sus habitantes en caso de incendio o inundación al asentarse en zonas no urbanizables e incluso inundables.

En caso de catástrofe, los recursos de emergencia tengan dificultades para el acceso y la posible evacuación o extinción en caso de incendio forestal. En consecuencia, la lucha contra la proliferación de este tipo de asentamientos va más allá de la protección medioambiental, también persigue que este tipo de viviendas y urbanizaciones no supongan además un riesgo para la seguridad de las personas que las habitan.