Investigados 15 cargos de PP, PSOE y técnicos municipales por contratos presuntamente irregulares en el Ayuntamiento de Móstoles

Móstoles

El Juzgado de Instrucción número 5 de Móstoles ha llamado a declarar como investigados a 15 personas y dos empresas por la pieza separada sobre "deportes e indumentaria laboral" dentro de la investigación por las presuntas irregularidades en contratos menores en el Ayuntamiento de Móstoles.

Tendrán que declarar el próximo 28 de enero en la macro sala de Boadilla del Monte, por los presuntos delitos de "prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias, en relación a los contratos realizados desde la Concejalía de Presidencia, Seguridad Ciudadana y Movilidad y también los contratos que se pusieron en marcha desde la Concejalía de Cultura, Festejos y Deportes". Son contratos de hace ya algunos años. La investigación partió de los realizados en 2016 y 2017, aunque esta fecha se ha ampliado, salpicando a contratos de mandatos tanto del Partido Popular como del PSOE en el Ayuntamiento de Móstoles.

Entre los investigados está el 2º Teniente de Alcalde de Móstoles, concejal de Hacienda y Presidencia y portavoz del PP, Alberto Rodríguez de Rivera. También los exconcejales del Partido Popular en Móstoles, Francisco Vargas, que fue concejal de Deportes y Juventud y Mercedes Parrilla que fue concejala de Recursos Humanos y Seguridad Ciudadana. Declararán como investigados también los exconcejales del PSOE de Móstoles, Agustín Martín que fue concejal de deportes, obras, infraestructuras y Mantenimiento de Vías Públicas y es actual secretario de Sanidad y Mayores en la Agrupación Socialista de Móstoles; Javier Gómez, que fue concejal de Hacienda, Patrimonio, Régimen interior y Contratación ; Roberto Sánchez, que fue concejal de Presidencia, Seguridad Ciudadana y Movilidad; y la que fuera directora de Comunicación de David Lucas, Irene Núñez. Además de técnicos del ayuntamiento de Móstoles y las empresas GAMPOSPORT 1977 S.L. y MAXPORT S.A.

Contratos menores

La investigación la está llevando a cabo el juzgado de Instrucción número 5 de Móstoles que el pasado mes de abril de 2024 levantó el secreto del sumario sobre las presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos menores que afectan a varias áreas del ayuntamiento de Móstoles de mandatos anteriores. La UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil) registró el ayuntamiento de Móstoles en septiembre y noviembre de 2020, en busca de información relacionada con contratos menores adjudicados sobre todo en 2016 y 2017. Una operación que se enmarca en la denuncia interpuesta por el exdirector de Hacienda del ayuntamiento de Móstoles, Sergio Gil del Sol, ante la Fiscalía, que conllevó una denuncia a su vez, en enero de 2019 por parte del Ministerio Público por los delitos de falsedad de documento oficial, prevaricación y malversación de caudales públicos.

Tras la denuncia de Gil del Sol y de la Fiscalía, el Juzgado de Instrucción número 5 de Móstoles solicitó al Consistorio documentación sobre gastos relacionados con las reformas en los colegios públicos de la localidad, y en otros contratos en materia de servicios informáticos y de comunicación del Consistorio y también sobre la adquisición de material deportivo y otras contrataciones

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2 contratos menores

Fuentes municipales han señalado a la Cadena Ser que el señalamiento del actual 2º Teniente de Alcalde de Móstoles, Alberto Rodríguez de Rivera se refiere a dos contratos menores: uno referido al suministro de una mesa de pin pon y otro referido al suministro de indumentaria deportiva para los monitores del área de deportes. Esas mismas fuentes aseguran que "al tratarse de contrataciones menores, el entonces concejal de Hacienda, Alberto Rodríguez de Rivera, firma la satisfacción del servicio, ya que podría haber incurrido en un delito de prevaricación al no abonar las facturas de un servicio que se ha prestad adecuadamente, al estar avalado por la conformidad previa de los técnicos municipales". También aseguran que "son las concejalías de Deportes y Seguridad las que inician el procedimiento de contratación y dichos contratos cuentan con la conformidad de la viceintervención municipal, de otro habilitado nacional, así como de 4 técnicos municipales adscritos al área de deportes y otro técnico perteneciente al área de Seguridad"

Desde el PSOE han asegurado a la Cadena Ser que manifiestan "su absoluto respeto por las actuaciones realizadas por el Juzgado de Instrucción 5 y piden que se respete el principio de presunción de inocencia para todos los investigados". Estas fuentes afirman que "la condición de investigado no conlleva la culpabilidad y si permite a las personas que tienen esa condición que puedan declarar con la máxima garantía de protección de sus derechos".