La Guardia Civil certifica la vulnerabilidad de la anciana presuntamente asesinada por un policía para hacerse con su herencia

Madrid

Peritos de la Guardia Civil han certificado la vulnerabilidad de una anciana víctima mortal de un policía local juzgado por tirarla presuntamente en febrero de 2020 por las escaleras para arrebatarle la casa y su dinero, una circunstancia que podría llevar a una condena de prisión permanente revisable como solicita la familia de la fallecida.

El fiscal solicita 47 años de prisión para el acusado por los delitos de asesinato, asesinato en grado de tentativa, falsedad en documento público y blanqueo de capitales.

La familia de la mujer solicita que se le condene a la pena máxima, a prisión permanente revisable al ser una persona especialmente vulnerable por razón de su edad y estado de salud.

En la prueba pericial, han comparecido peritos del Grupo de Homicidios de la Guardia Civil que elaboraron diversos informes relacionados con los hechos investigados y con el volcado de la información de los dispositivos electrónicos incautados en el chalé del procesado, ubicado en Ciempozuelos.

Uno de los informes certificaba la vulnerabilidad de la víctima al ser la anciana, de 83 años, una persona "totalmente dependiente", ya que requería de una persona para hacer su rutina diaria. "Necesitaba andador y oxígeno", ha señalado un agente de la Guardia Civil.

En otra de las periciales, un agente ha ratificado que el encausado no frenó aposta cuando iba a poca velocidad para sufrir un impacto y herir a la mujer, a quién pidió que no se pusiera el cinturón de seguridad. Por estos hechos, el fiscal solicita además un delito de intento de asesinato que se suma al del consumado.

Apoderamiento de bienes

El escrito de la Fiscalía relata que el acusado mantenía una relación de amistad con T. L. L., una viuda de 83 años de edad de quien pretendía obtener un beneficio económico, "motivo por el cual decidió acabar con su vida y lograr apoderarse de todos sus bienes".

Así, sobre las 15.00 horas del 9 de febrero de 2020 F. R. C. condujo su vehículo por la carretera M-307 en la localidad de Ciempozuelos en compañía de la víctima a la que situó en el asiento del copiloto y pidió que no se pusiera el cinturón de seguridad.

Durante el trayecto, el acusado dio un volantazo para que la parte delantera del coche, la misma donde viajaba T. L. L., impactara contra un árbol sin que se activara el sistema de protección Airbag.

A consecuencia del choque la mujer sufrió varias fracturas y tras ser ingresada en un centro hospitalario, fue dada de alta a los seis días. Cinco días más tarde del accidente F. R. C. acudió a una notaría de Parla acompañada por una mujer que se hizo pasar por la víctima que otorgó un poder notarial a favor del acusado, así como un testamento que lo instituía como heredero universal de T. L. L.

Ya con el poder notarial en mano, el acusado se personó en algunas de las entidades bancarias en las que la víctima tenía cuentas y entre los días 21 y 27 de febrero extrajo un total de 557.428,44 euros. En ejecución del plan previsto de asesinar a la mujer, F. R. C. se presentó en su domicilio sobre las 16.00 horas del 29 de febrero.

La víctima estaba en una situación de "extrema debilidad" a consecuencia del accidente de tráfico ya utilizaba un andador para desplazarse y precisaba de oxígeno.

El acusado, no obstante, le condujo hacia la escalera que daba acceso al sótano de la vivienda, "momento en que con la intención de causarle la muerte, le propinó un fuerte empujón que hizo que cayera sobre las escaleras impactando directamente contra el octavo escalón de las mismas, que le produjo un fuerte traumatismo craneoencefálico y un mecanismo de asfixia mecánica que produjeron su fallecimiento en el acto".

El 1 de junio, siendo consciente el acusado de que estaba siendo investigado por el fallecimiento de T. L. L., contactó con su exmujer L. B. C. , a quien traspasó la propiedad de la vivienda que había constituido el domicilio familiar y de un vehículo de alta gama mediante el otorgamiento de escritura de liquidación de la sociedad de gananciales en la que él resultó adjudicatario de una cuenta corriente con un saldo de 121,63 euros.

Para esta acusada el fiscal solicita tres años de prisión por un delito de alzamiento de bienes. Finalmente, valiéndose de un poder general otorgado a su favor por sus padres en fecha de 2 de noviembre de 2020, el acusado adquirió a nombre de aquéllos una parcela en Miraflores de la Sierra, mediante escritura notarial inscrita el 3 de marzo de 2021 en el Registro de la Propiedad de Colmenar Viejo, destinada a su uso personal.

Para ello, empleó los fondos ilícitamente obtenidos a través de una cuenta corriente que había aperturado a nombre de su progenitor F. R. G. El acusado permanece en prisión desde el 28 de mayo de 2021.