Más Madrid denunciará ante la fiscalía "la inacción de Almeida" frente a los pisos turísticos ilegales

Madrid

A pocas semanas de que el Ayuntamiento de Madrid apruebe el Plan Reside, la nueva normativa que regulará los pisos turísticos, Más Madrid acude a la justicia para buscar responsabilidades en la proliferación de los alojamientos que operan sin licencia en la capital, más de 15.000 según las propias cifras municipales. El grupo municipal va a presentar una denuncia ante la fiscalía provincial de Madrid en la que señala directamente al Ayuntamiento y a la Agencia de Actividades. Los de Rita Maestre creen que hay una omisión en la realización de inspecciones a las viviendas de uso turístico ilegales, a pasear de que el Consistorio es consciente de su existencia por las numerosas denuncias ciudadanas, las evidencias de incumplimiento de la normativa y los requerimientos realizados por los grupos de la oposición.

Más Madrid recuerda, por ejemplo, la denuncia que en junio del año pasado presentó la FRAVM ante el Ayuntamiento contra 10.134 de estas viviendas que ejercían su actividad sin disponer de las necesarias licencias municipales y perfectamente identificadas, tanto por su ubicación como por los responsables de su funcionamiento. Frente a esta denuncia, insiste el grupo municipal, la Agencia de Actividades, sólo inspeccionó 623 VUT en todo 2024.

Para argumentar la actitud pasiva del Ayuntamiento, Más Madrid también recuerda el archivo que el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo remitió al Consistorio con la dirección postal de 16.335 alojamientos turísticos con indicios de no tener licencia para que pudiera iniciar el cese de su actividad o abrir posibles expedientes sancionadores. En la misma línea, el requerimiento que Rita Maestre envió al alcalde para que aplique el Reglamento Europeo y la Ordenanza de Consumo de la ciudad que permite actuar sobre estos negocios. En ambos casos el equipo de gobierno municipal obvió estas solicitudes.

Desde el punto de vista jurídico, la denuncia de Más Madrid se fundamenta en el artículo 320 del Código Penal que dispone que “que la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, haya informado favorablemente instrumentos de planeamiento, proyectos de urbanización, parcelación, reparcelación, construcción o edificación o la concesión de licencias contrarias a las normas de ordenación territorial o urbanística vigente, o que con motivo de inspecciones haya silenciado la infracción de dichas normas o que haya omitido la realización de inspecciones de carácter obligatorio será castigado con la pena establecida en el artículo 404 de este Código y, además, con la de prisión de un año y seis meses a cuatro años y la de multa de doce a veinticuatro meses”.

“Es consentimiento deliberado de la ilegalidad”

La portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, reclama una investigación exhaustiva sobre la inacción del Ayuntamiento y que se tomen medidas inmediatas para garantizar que los derechos de los madrileños y madrileñas se defienden frente a los intereses de los grandes operadores económicos. Considera que la inacción de Almeida “no es simple pasividad sino un consentimiento deliberado de ilegalidad” porque sabe dónde están los pisos turísticos sin licencia. Cree que su empeño en gobernar para los fondos buitre no puede estar por encima de la ley “y es el momento de que la Fiscalía actúe”.