Archivada la denuncia que Más Madrid llevó a Fiscalía contra el contrato de limpieza viaria de Pinto

Pinto

La Fiscalía de Getafe-Leganés ha decretado el archivo de la denuncia presentada por Más Madrid Pinto contra la adjudicación del nuevo servicio de limpieza viaria y recogida de basura de esta localidad el pasado mes de enero y que entró en funcionamiento en febrero.

En la resolución de la Fiscalía se indica que “a la vista del contenido de las denuncias y de las diligencias practicadas, no podemos concluir que nos encontremos ante un delito de prevaricación administrativa”, según adelanta ‘Noticias para municipios’ y ha podido saber SER Madrid Sur con el acceso a la sentencia.

La portavoz de Más Madrid en Pinto, Elena Ancos, presentó ante Fiscalía esta denuncia por “presuntas irregularidades en la aprobación de las estructuras de costes del servicio de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos y otros residuos y la limpieza urbana”. Además, entre otros argumentos, aseguraba la formación que “el documento remitido a los órganos consultivos no se correspondía con el aprobado en el pleno del Ayuntamiento de Pinto, alegando posible alteración de la libre concurrencia”.

Argumentos de la Fiscalía

Fiscalía argumenta que “las resoluciones fueron acordadas por los órganos competentes, lo fueron con arreglo a la legislación vigente”, especificando que los “errores manifestados se subsanaron a lo largo del procedimiento”.

Además, explican que “no basta una mera irregularidad administrativa o la discordancia interpretativa de las normas, para entender tal hecho como prevaricar, porque si así se hiciera se correría el riesgo de criminalizar toda la actividad administrativa”.

El pleno municipal aprobó el nuevo servicio de limpieza viaria y gestión de residuos sólidos urbanos para la ciudad que entró en vigor el 1 de febrero, con una vigencia de diez años más cinco prorrogables. La adjudicación ha recaído en FCC y Valoriza, por un importe de más de 155 millones de euros. El proceso de puesta en marcha se retrasó tras varias denuncias ante el Tribunal Administrativo de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid que finalmente se revolvieron a favor del Ayuntamiento.