1 de cada 4 pisos turísticos que el Ayuntamiento de Madrid considera legales no tienen licencia de funcionamiento

Madrid

Una de las medidas que el Ayuntamiento de Madrid puso en marcha dentro de su plan de choque contra los pisos turísticos ilegales es la publicación periódica de un listado con la ubicación de las Viviendas de Uso Turístico que el consistorio considera legales. La primera lista se publicó en mayo de 2024. En ella figuraban un total de 1.008 inmuebles que según el Cosistorio estaban operando de manera legal. El PSOE ha analizado la situación de cada una de esas viviendas y ha comprobado que 431 de ellas, el 42,8%, no tenían licencia de funcionamiento.

Según señala la propia normativa municipal (art. 52 de la Ordenanza 6/2022, de 26 de abril, de Licencias y Declaraciones Responsables Urbanísticas del Ayuntamiento de Madrid solo esta licencia de funcionamiento, y no la urbanística de actividad, permite la puesta en marcha de una actividad económica. Éste es el literal recogido en la normativa: "La licencia de primera ocupación y funcionamiento habilitará para la utilización de la edificación y el ejercicio de la actividad implantada". Además, el Anexo I de la Ordenanza recoge las actuaciones sujetas a licencia. El apartado 18 recoge "la implantación o modificación de actividades englobadas en el uso servicios terciarios clase hospedaje".

En el último listado actualizado por el Ayuntamiento figuran 1.231 pisos turísticos considerados legales, de los que 304, casi el 25%, se encuentran en la misma situación, sin la licencia habilitante para acoger una vivienda turística al no disponer de licencia de funcionamiento.

El listado “fake” de Almeida

El portavoz del PSOE en la Comisión de Urbanismo, Antonio Giraldo cree que el gobierno de Almeida está engañando a la ciudadanía con listado “fake” de viviendas de uso turístico que califica de legales cuando no lo son. Denuncia que el Ayuntamiento está ofreciendo a la ciudadanía “una información falsa y sesgada del fenómeno de las viviendas turísticas en nuestra ciudad, vulnerando los principios de veracidad, igualdad, buena fe y buen gobierno que debe ofrecer toda Administración pública”. Además, esta información pública , añade, ha generado un grave perjuicio y ha vulnerado gravemente los derechos de aquellos vecinos que, dando por correcto el listado, no han tramitado denuncias solicitando el cierre de estas viviendas ilegales.