El teléfono contra la okupación de Ayuso ha atendido 246 casos en 3 años

Madrid

Isabel Díaz Ayuso ha presentado este lunes un protocolo de actuación contra la okupación, en colaboración con los decanos de los colegios de abogados y procuradores de Madrid. El objetivo de la presidenta madrileña es luchar contra un problema que afecta, dice, a más de 9.000 viviendas, "y aunque la Comunidad de Madrid carece de las competencias suficientes para solucionar definitivamente esta lacra, no vamos a ponernos de perfil", ha declarado.

Sin embargo, según el balance del Ministerio del Interior -recogido por la Delegación del Gobierno en Madrid- durante el primer trimestre de este año, se han producido 280 ocupaciones en un parque de casi tres millones de viviendas. Es decir, la okupación en Madrid no representa ni el 0,01% del total.

El protocolo contra la ocupación, presentado por el gobierno regional, recoge que los afectados podrán recibir de manera inmediata asesoramiento jurídico gratuito por parte de los abogados de los colegios de Madrid y de Alcalá de Henares, además de ofrecer atención psicológica gratuita por parte de la Red de Oficinas de Asistencia a Víctimas del Delito de la Comunidad de Madrid. Además, Ayuso ha informado esta mañana que la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras ha abonado más de dos millones de euros en ayudas para arrendadores afectados por situaciones de impago o por haber sido víctimas de okupación.

En esta línea, la presidenta madrileña ha dado cuenta de los resultados obtenidos por el teléfono bautizado como ‘Proyecto 112 Ocupación', una línea de atención inmediata, gratuita, que atiende las 24h del día y que desde su puesta en marcha, en 2022, "246 personas han alertado sobre una ocupación de su propiedad y en 44 ocasiones se ha permitido evitar una okupación o proceder a un desalojo de una vivienda", ha indicado Ayuso.

Ayuso, además, ha denunciado que el Gobierno Central se ponga de perfil y minimice los casos. También ha señalado a la okupación, y a la propia ley de vivienda, como responsables del daño al mercado del alquiler en la región y a los elevados precios. "Esto provoca que otros muchos ciudadanos no se atrevan a poner su vivienda en el mercado y con esto aumentar la oferta y contener los precios en toda España, también en Madrid, porque en el momento en el que una persona entrega su vivienda al mercado del alquiler, o es intervenido el precio de la misma, o no sabe si en el futuro se la podrán devolver cuando la necesite".

Según los datos recogidos por la Delegación del Gobierno en Madrid, en lo que llevamos de año ha aumentado "significativamente" la recuperación de viviendas okupadas, algo que no se había logrado en años anteriores.

El Sindicato de Inquilinas rechaza el protocolo

El Sindicato de Inquilinas considera que el Gobierno de Ayuso está tratando de desviar el foco de los problemas reales de la vivienda en Madrid. "La Comunidad de Madrid no cree que el problema sean los más de 15.000 pisos turísticos en la capital, o las personas que están trabajando y viviendo en Barajas o que haya 200.000 viviendas vacías en la región; para la Comunidad de Madrid es de las personas que están sin casa y se acercan a un piso vacío", señala su portavoz, Fernando de Los Santos. Rechazan, por tanto, que Ayuso destine recursos a un problema que, según los propios datos de la presidenta, podría calificare de residual y que no destine lo suficiente a los inquilinos cuando litigan en procesos de desahucio o subidas abusivas del alquiler.