Más Madrid quiere que la Comisión de Venecia se pronuncie sobre la “censura” del PP de Ayuso en la Asamblea de Madrid

Madrid

Más Madrid considera que “la Asamblea de Madrid presenta un índice de inadmisión significativamente superior al de otros parlamentos autonómicos”, según describe en un estudio comparativo bajo el título ‘La función de la Mesa en los parlamentos y su aplicación en la Asamblea de Madrid’. Es decir, muchas de las iniciativas que los diputados registran para que se debatan nunca llegan a ser discutidas porque no pasan el filtro inicial del órgano de gobierno del parlamento.

La formación que codirige Manuela Bergerot se apoya en datos. Hasta marzo de 2025, la Mesa de la Asamblea ha tumbado casi una de cada tres propuestas de los grupos parlamentarios –13.466 de un total 44.842-; mientras que, en Andalucía, donde los populares también tienen mayoría absoluta, el índice de inadmisión no llega ni al uno por ciento. Allí, la Mesa solo ha tirado a la basura 548 iniciativas de las 57.729 que han presentado los partidos andaluces.

“Ayuso quiere convertir la Asamblea de Madrid en un monólogo”, denuncia la portavoz autonómica de Más Madrid, que considera que la presidenta madrileña ha convertido el parlamento regional en “una institución que censura sistemáticamente las iniciativas de la oposición”, insiste. Manuela Bergerot quiere que la Comisión de Venecia tome cartas en el asunto porque –según defiende- “la Mesa se extralimita en sus funciones”.

Desde que Ayuso consiguió la mayoría absoluta se han multiplicado las alusiones de la oposición al “rodillo parlamentario” del PP -desde la izquierda, pero también desde la ultraderecha de Vox-. Los populares ocupan cuatro de los siete asientos de la Mesa que, entre sus funciones más relevantes, tiene encomendado vigilar que las iniciativas parlamentarias se ajusten al Reglamento de la Asamblea. Después, les corresponde a los diputados, reunidos en el Pleno o en las distintas comisiones parlamentarias, aceptarlas o rechazarlas. El problema es que, según la oposición, la Mesa hace una especie de control político previo de las iniciativas. Se queja de que este órgano va más allá de los aspectos formales o reglamentarios y entra a valorar el fondo de muchas de ellas, impidiendo que se tramiten las que tienen un contenido más incómodo para el Gobierno regional.

El informe que ha elaborado Más Madrid concluye que “el alto número de iniciativas rechazadas en la Asamblea de Madrid sugiere un uso extensivo de la facultad de inadmisión, lo que podría entrar en conflicto con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”. El documento recuerda que, a través de numerosas sentencias, los magistrados del tribunal de garantías han ido acotando las causas de inadmisión para evitar precisamente que una mayoría pueda limitar de forma arbitraria el debate político en el Poder Legislativo.

Entre los múltiples ejemplos que cita este estudio está la pregunta que el diputado del PSOE Daniel Rubio registró para el Gobierno regional: “¿Cuántas sentencias desfavorables para la Comunidad de Madrid ha habido en relación con el grupo empresarial Quirón entre el 17 de junio de 2023 y el 31 de diciembre de 2024?”, rezaba esa cuestión. Nunca se pudo realizar. La Mesa de la Asamblea la rechazó por tener “objeto confuso”. En contraste, Más Madrid cita algunas de las preguntas que el PP ha hecho al Gobierno central en el Congreso de los Diputados, como cuando Elías Bendodo inquirió a la vicepresidenta primera, a la socialista María Jesús Montero, “¿va a seguir siendo vicepresidenta a media jornada?”.

Para que la Comisión de Venecia pueda evaluar este aparente doble rasero de los populares, Más Madrid necesita que el Congreso de los Diputados haga suya esta preocupación. Este organismo, de carácter consultivo, es el encargado de asesorar a los países miembros del Consejo de Europa sobre cuestiones técnicas relativas al cumplimiento del Estado de Derecho, pero desde España solo pueden invocarlo las autoridades estatales –como el Rey, el Gobierno central o alguna de las cámaras que componen las Cortes-.

Aunque sus informes no son vinculantes y tienen carácter técnico, las conclusiones de la Comisión de Venecia sí pueden ser un instrumento de alto valor político. De hecho, el PP ya intentó que este organismo diera un revolcón moral al Gobierno central a raíz de la aprobación de la Ley de Amnistía que favoreció a los líderes independentistas catalanes. La analizó a petición del Senado, donde los populares tienen mayoría absoluta. El dictamen no tuvo la contundencia que le hubiera gustado a muchos dirigentes conservadores, aunque sí afeó al Ejecutivo de coalición su tramitación por la vía de urgencia o su excesiva amplitud temporal.