El Constitucional estudiará si la Asamblea de Madrid puede controlar a Miguel Ángel Rodríguez

Madrid

Los magistrados del Tribunal Constitucional tendrán que decidir si Ayuso y sus consejeros tienen que responder en la Asamblea de Madrid por las acciones de Miguel Ángel Rodríguez, MAR, todopoderoso jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso. Lo hará a raíz de un recurso de amparo del Grupo Parlamentario Socialista, que cree que la Mesa de la Cámara vulneró los derechos fundamentales de su diputada Marta Bernardo al inadmitir cinco preguntas dirigidas al Consejo de Gobierno.

El objeto de dos de esas cinco cuestiones hacía referencia de forma explícita a los mensajes que MAR envió a la periodista Esther Palomera, adjunta al director de eldiario.es: “Os vamos a triturar, vais a tener que cerrar. Idiota. Que os den”, decían esas comunicaciones. Otras dos preguntas no mencionaban esos exabruptos, pero sí citaban a la mano derecha de la presidenta regional. La quinta, ni siquiera aludía a Rodríguez y utilizaba una formulación genérica.

La Mesa tumbó las cinco preguntas con la misma explicación: “Por no referirse su objeto a una acción de control del Gobierno, en los términos que está formulada”, según figura en las actas de la reunión del órgano parlamentario del 22 de marzo de 2024. Solo apoyaron la decisión cuatro de los siete miembros de la Mesa, los cuatro que le corresponden al Partido Popular, incluido su presidente, Enrique Ossorio, al que toda la oposición acusa de actuar sistemáticamente de forma parcial, en favor de los intereses de su partido y de la presidenta Ayuso.

Bernardo pidió después a la Mesa que reconsiderara su decisión. Sin éxito. Eso sí, esta vez la explicación fue un poco más detallada: "Las preguntas objeto de reconsideración hacen referencia al jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad. Sin embargo, se trata de un órgano de asistencia y con funciones de asesoramiento, no ejecutivas [...], por lo que no puede ser objeto de las citadas iniciativas", zanjó.

Ese nuevo portazo cerró la vía parlamentaria y abrió la del Tribunal de Garantías, que ahora confirma que el asunto “tiene trascendencia constitucional”, tal y como defiende el recurso de amparo de la diputada: “Reviste especial interés [...] dilucidar si los titulares de los órganos de asistencia y asesoramiento de la Presidencia de una Comunidad Autónoma (los gabinetes) pueden ser objeto de control parlamentario en cuanto contribuyen a la acción del Gobierno de esa Comunidad Autónoma o si los superiores jerárquicos de los mismos (presidentes y consejeros) generan responsabilidad política por el comportamiento externo de tales titulares”, sostiene el escrito de la socialista. “Lo contrario –insiste- supondría configurar áreas opacas, carentes de control parlamentario”.

Este recurso del PSOE-M se suma a la larga lista de asuntos madrileños que han llegado en los últimos meses a la mesa de los magistrados del Constitucional. A la litigiosidad creciente entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno central, se suman las solicitudes de amparo de los grupos parlamentarios, que denuncian que el PP utiliza la Mesa de la Asamblea como un instrumento de “censura” de las iniciativas más incómodas para Isabel Díaz Ayuso. La semana pasada, por ejemplo, Más Madrid anunció que pediría el auxilio de los magistrados, después de que Ossorio retirara la palabra a uno de sus diputados con el argumento de que estaba “atacando al Poder Judicial”. Dos semanas antes, fue Vox quien hizo lo propio, tras la negativa a tramitar su voto particular en la llamada ‘Comisión Begoña’.