El presidente de HM Hospitales confirma que no hubo "derivaciones de residencias a centros privados" durante la pandemia en Madrid

Madrid

El presidente de HM Hospitales ha declarado este martes como testigo en la segunda causa por las muertes en las residencias en la que están imputados exaltos cargos del Gobierno de Ayuso.

Según el abogado de la acusación, el responsable de HM ha confirmado en su declaración que, a pesar de que estaban a disposición de lo que se necesitara y a pesar de que tenían medios para atenderlos, los mayores de las residencias no fueron derivados a sus hospitales, a no ser que tuvieran seguro privado.

En el inicio de la pandemia de COVID, en marzo de 2020, la Comunidad de Madrid anunció un mando único sanitario, bajo el que la sanidad pública y la privada se coordinarían para aumentar el número de camas disponibles para quienes se enfermaran. Pero esas camas tampoco se pusieron a disposición de los mayores de las residencias de la Comunidad, a no ser que tuvieran un seguro privado.

Es la primera conclusión de las declaraciones de los testigos que este martes tenían cita en el juzgado de Leganés que ha imputado a varios exaltos cargos de Ayuso por las muertes en las residencias. Uno de ellos ha sido Juan Abarca, el presidente del grupo privado HM Hospitales, quien ha contado a la juez que no les derivaban a los mayores desde las residencias madrileñas.

Las familias esperaban que con la declaración de este responsable de hospitales privados quedara claro que el Gobierno de la Comunidad de Madrid no utilizó la sanidad privada para atender a los mayores que vivían en residencias. El presidente de HM Hospitales ha querido evitar a la prensa, pero a preguntas de la Fiscalía y del abogado de las familias ha contado lo que relataba después el letrado Carlos Castillo:

"De su declaración se ha podido desprender claramente que no existieron derivaciones directas desde las residencias a los hospitales privados que estaban bajo su control. Las derivaciones que hubo de residentes se hicieron previamente habiendo pasado por un hospital público. No se derivó y no se utilizaron los recursos de los hospitales privados, que estaban en manos de la Consejería de Sanidad gracias al mando único que se estableció en la pandemia", ha explicado el abogado.

El grupo empresarial ha emitido un comunicado en el que la clave está sobre todo en lo que no se dice: que recibieran a mayores de residencias sin seguro privado directamente. De lo que dicen en ese comunicado, lo más destacado es que aseguran que carecían de capacidad de decidir sobre las derivaciones y que pusieron a disposición de la Comunidad de Madrid todas las camas que tenían.

Reyero declara que los protocolos de las residencias fueron "discriminatorios"

El exconsejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid Alberto Reyero ha afirmado este martes que los protocolos que impidieron la derivación de ancianos en residencias a hospitales durante la primera ola de la pandemia tuvieron "un carácter discriminatorio" en función del lugar de residencia, del nivel de capacidad y de dependencia.

En declaraciones a los medios a su salida del juzgado tras comparecer como testigo en la causa judicial abierta en el Juzgado de Instrucción número 6 de Leganés por la gestión del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en las residencias, Reyero ha subrayado que corresponde a la justicia determinar si hubo delito con las instrucciones para no derivar a pacientes a hospitales de la región, si bien ha remarcado que tienen un "componente discriminatorio claro".

A su llegada, Reyero ha sido recibido entre aplausos por familiares de los fallecidos en las residencias durante la pandemia que estaban concentrados a las puertas del juzgado, donde también han acudido a declarar como testigos el exasesor del Gobierno madrileño Antonio Burgueño, y el director de HM Hospitales, Juan Abarca Cidón, en la segunda causa judicial abierta por la gestión de la primera ola de la pandemia en las residencias.

En este procedimiento judicial han sido imputados Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, ya investigados en una primera causa, así como el entonces director del Summa 112, Pablo Busca, y la geriatra de enlace del Hospital Severo Ochoa.