Ordenan apertura de juicio por prevaricación contra el ex vicealcalde de San Sebastián de los Reyes, Martín Perdiguero

San Sebastián de los Reyes

Tras el proceso de investigación e instrucción, el Juzgado de Alcobendas, afirma que existen indicios racionales de criminalidad contra el ex vicealcalde de San Sebastián de los Reyes, Miguel Ángel Martín Perdiguero, y ordena la solicitud de apertura de juicio oral por un delito de prevaricación administrativa. La jueza afirma que durante los años 2020 y 2021, el entonces concejal de Urbanismo por Ciudadanos y actual concejal de Vecinos por Sanse, acordó la suspensión cautelar de la clausura de actividad de una fábrica dedicada al acopio y trituración de restos vegetales instalada en la ribera del río Jarama. El auto dice que Martín Perdiguero tomó esta decisión, permitiendo a la empresa seguir desarrollando su actividad, sabiendo que no estaba permitida porque el suelo era no urbanizable y de especial protección.

Fue el Grupo Municipal de Izquierda Independiente el que puso en conocimiento de la Fiscalía de Medio Ambiente estos hechos, consiguiendo que en marzo de 2023 se abriera procedimiento judicial como investigado contra Martín Perdiguero. El portavoz de la formación, Juan Torres, afirma que se ordenó la clausura de la actividad y minutos después la suspensión cautelar de esa misma orden. Torres se pregunta si se tomó esa decisión a sabiendas de que era errónea para beneficiar a la empresa.

El auto del Juzgado de Instrucción número 2 de Alcobendas al que ha tenido acceso SER Madrid Norte afirma que tras las diligencias practicadas se desprende que existen indicios de que el jefe de sección de licencias de actividades del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, y el entonces concejal de Urbanismo y vicealcalde, Miguel Ángel Martín Perdiguero, informaron y autorizaron la suspensión cautelar de la clausura de actividad de la fábrica de biocompost “a sabiendas de la imposibilidad legal de obtener la licencia”. La jueza recoge que el terreno en el que se hallaba, la parcela 14 del polígono 6 de la localidad, se hallaba clasificado como suelo no urbanizable de especial protección, hecho que ambos conocían. En un mismo día, recoge el texto, el 22 de enero de 2020, Martín Perdiguero acordó clausurar la planta y después la suspensión cautelar de su propia orden de clausura.

El delito de prevaricación administrativa al que se enfrentará ahora Martín Perdiguero, se castiga con una pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público, y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años.