El Ayuntamiento de Madrid ordena desalojar a los cuatro residentes que se resisten a abandonar los apartamentos para mayores 'San Francisco'

Madrid

Hace justo un año los 61 residentes de los apartamentos municipales para mayores de la calle Jerte, en el barrio de La Latina, recibieron una carta del Ayuntamiento en la que se les comunicaba que tenían que desalojar temporalmente el edificio. El motivo, la ejecución de unas obras de rehabilitación del inmueble durante al menos 14 meses. Desde el área de Políticas Sociales se planteó su reubicación en otros centros municipales y residencias de la Comunidad o con sus familias.

Desde un principio, los residentes de estos apartamentos y las asociaciones vecinales de la zona cuestionaron la necesidad del traslado, alegado que las obras podían hacerse por fases y que por tanto el desalojo no era necesario. También plantearon dudas sobre las alternativas residenciales ofrecidas por el Ayuntamiento, primero porque suponía alejar a los mayores del barrio y segundo por el elevado coste de una plaza en una residencia frente a lo que pagan por el apartamento. Finalmente 57 de los residentes aceptaron el traslado, pero 4 decidieron quedarse. Alejandro Ibáñez es uno de ellos. Asegura que no piensa marcharse de la que ha sido su casa en los últimos 14 años. Mantiene que detrás de esta reforma hay un plan encubierto del Ayuntamiento para hacerse con la titularidad del edificio y así, tras las obras, poder dedicarlo a otro uso. Él lo que no quiere es tener que dejar el barrio como les ha pasado al resto de residentes que aceptaron el traslado y que han sido reubicadlos en centros y residencias de otros distritos e incluso de fuera de la capital. Alejandro explica que sólo está dispuesto a marcharse si le ofrecen un apartamento ubicado, como máximo, a 50 metros del suyo.

Han sido varias las ocasiones en las que el Ayuntamiento ha tratado de convencer a Alejandro y a los otros tres residentes para que dejen los apartamentos, aunque hasta ahora sin éxito. Ante la negativa de estas personas a abandonar el edifico, el Consistorio ha adoptado las acciones legales correspondientes. Según fuentes del área de Políticas Sociales, el pasado 29 de mayo se les notificó el plazo de cinco días hábiles para desalojar voluntariamente los apartamentos. Tras negarse a hacerlo, el 18 de junio se procederá al lanzamiento en el marco del procedimiento administrativo. Si el resultado también fuera negativo, dicen esas fuentes, se iniciarán los trámites para solicitar ante el juez la autorización de entrada en domicilio.

El Ayuntamiento mantiene que se ha visto obligado a tomar estas medidas por dos motivos: para velar por la seguridad de los usuarios que permanecen dentro de los apartamentos y para que “su actitud irresponsable” no siga perjudicando a los 57 usuarios que sí entendieron la necesidad de acometer la obra y que desde octubre de 2024 se encuentran realojados en otros recursos. También insiste en que es indispensable para el comienzo de las obras que el edificio esté vacío. Los técnicos municipales, aseguran fuentes municipales, han establecido que la rehabilitación del inmueble debe realizarse libre de ocupantes por la propia seguridad de los usuarios y dada la envergadura de los trabajos.Además, explican que a los cuatro usuarios que siguen dentro de los apartamentos se les ha ofrecido la misma alternativa que a sus compañeros: plaza en una residencia (donde tendrán servicio de alimentación, lavandería, fisioterapia o atención sanitaria) o alojarse en otros espacios por sus propios medios, si así lo prefieren e insisten en que al término de la reforma todos los usuarios volverán al mismo apartamento en el que residían y con las mismas condiciones económicas.