Una exconcejala socialista de Parla cree que fue "degradada" por no "colaborar" en el contrato de la Púnica
Victoria Muñoz ha testificado en el juicio que analiza los contratos de Cofely en el marco de la trama corrupta
Victoria Muñoz, en una imagen de archivo, durante su etapa como concejala del Ayuntamiento de Parla / Ayuntamiento de Parla
Madrid
La exconcejala de Obras Públicas de Parla (Madrid) Victoria Muñoz Aguera ha testificado en el juicio del caso Púnica que entre 2012 y 2013 el entonces alcalde, el acusado José María Fraile, la degradó de sus responsabilidades políticas por no colaborar en la adjudicación de un contrato a Cofely relacionado con la trama.
Este jueves han comparecido testigos relacionados con la adjudicación en 2013 de un contrato de servicios energéticos por parte del Ayuntamiento de Parla a Cofely por un montante de 54.659.019 euros y una duración de 15 años.
La fiscal ha preguntado a la entonces concejala de Obras Públicas, Victoria Muñoz Aguera, si el alcalde estuvo muy pendiente de este contrato. "Me insistía en que le corría prisa que los datos les llegaran a los técnicos para que se hiciese el pliego lo antes posible e incluso delante de mis compañeros a veces se enfadaba porque, según decía él, yo no colaboraba", ha manifestado.
Perdió "responsabilidades políticas"
Y ha añadido: "Era segunda teniente de alcalde y se me degradó pues pasé a ser tercera teniente de alcalde y me quitaron ciertas responsabilidades políticas porque no colaboraba para que mis técnicos pasasen la información y fuera todo más fluido en la fase de redacción de los pliegos".
Ha explicado que en su concejalía querían "que el contrato fuera como se había estado trabajando desde el inicio, es decir no un macrocontrato -como el adjudicado a Cofely- sino que el alumbrado público tuviese su empresa adjudicataria, el mantenimiento de los colegios otra, etcétera".
"Mi técnico me transmitió la discrepancia y yo como responsable cuando se habló a nivel político expresé que mi departamento no estaba de acuerdo", ha insistido.
Encargo a otra técnico diferente
La testigo ha indicado que el alcalde encargó el asunto a una técnico de otra concejalía. Esta técnico ha testificado también este jueves que para la elaboración de los pliegos le adjudicaron como asesor a Pedro G.P., aunque ha asegurado que en ese momento no le dijeron que se trataba de un responsable del Departamento Comercial de Cofely.
En sesiones anteriores del juicio, Pedro G.P, uno de los acusados que ha confesado para ver reducida su condena, declaró que en los ayuntamientos de Parla, Collado-Villalba y Móstoles les llegaron a pedir 600.000 euros de comisión por la adjudicación a Cofely, cantidades que se renegociaron a la baja en los tres casos.
Victoria Muñoz ha recordado que cuando la Audiencia Nacional inició la investigación de este caso en 2014 ya dejó de firmar las facturas que le pasaban de Cofely. "No sabía si estaba bien o mal ni lo que estaba sucediendo", ha asegurado. Ha comentado que estuvo de concejala hasta junio de 2015 ya que no volvió a presentarse a las elecciones y que ha abandonado la política.
Continúa el juicio en la Audiencia Nacional
La Audiencia Nacional ha reanudado este jueves la vista por la pieza de Cofely de la causa de Púnica en la que se sientan en el banquillo 36 procesados, entre ellos nueve exalcaldes acusados por adjudicaciones por parte de sus ayuntamientos a esta empresa multinacional de contratos millonarios de servicios de eficiencia energética a cambio de dádivas y comisiones entre 2012 y 2014.
Quince acusados han pactado con la Fiscalía confesar los hechos a cambio de ser condenados a penas menores, entre ellos los exalcaldes de las localidades madrileñas de Torrejón de Velasco Gonzalo Cubas (del PP); Parla José María Fraile (PSOE); y Serranillos del Valle Antonio Sánchez Fernández (Unión Democrática Madrileña -UDMA-).
Igualmente ha pactado con la Fiscalía el acusado David Marjaliza, un empresario de la construcción arrepentido que Cofely contrató como asesor comercial para que actuara como 'conseguidor' de contratos públicos, que fue socio de Francisco Granados, exconsejero de la Comunidad de Madrid con el Gobierno del PP que presidía Esperanza Aguirre e investigado en otras piezas del caso Púnica.
También se sientan en el banquillo otros seis exalcaldes del PP, que no reconocen los delitos por los que están acusados.En concreto, José Carlos Boza, de Valdemoro; Agustín Juárez, de Collado Villalba; Daniel Ortiz Espejo, de Móstoles; Mario Utrilla, de Sevilla la Nueva, y Carlos Alberto Estrada, de Moraleja de Enmedio, todas ellas localidades madrileñas, además de José García Lobato, de Almendralejo (Badajoz).
