Siete concejales socialistas procesados en el caso ITV Móstoles sostienen su inocencia en el escrito de defensa y denuncian la "intencionalidad política" de la querella

Móstoles

Siete exmiembros de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Móstoles procesados por el conocido como Caso ITV han presentado su escrito de defensa antel el Juzgado de lo Penal número 1 de Móstoles en el que niegan haber cometido ningún delito y acusan a los querellantes, los exconcejales de Más Madrid, Gabriel Ortega y Susana García Millán, de actuar con motivaciones exclusivamente políticas.

La causa, se remonta al acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno en 2020 para condonar parcialmente la deuda de la empresa concesionaria ITV Móstoles S.L.

La Fiscalía ya pidió 12 años de inhabilitación para la exacaldesa de Móstoles, Noelia Posse y para ocho miembros del Gobierno municipal en la anterior legislatura. Según la Fiscalía los hechos son legalmente constitutivos de "un delito de prevaricación".

Desde Más Madrid, los exconcejales Gabriel Ortega y Susana García Millán han solicitado 6 años de cárcel y 15 de inhabilitación absoluta para Noelia Posse y sus ocho ediles, a los que también acusaba de un delito de malversación, un delito que contempla la pena de cárcel.

Según la defensa, el acuerdo de 2020 fue adoptado tras informes técnicos contradictorios y con el asesoramiento de un experto en derecho concursal, que avalaba la solución como "el mal menor" para el Ayuntamiento, ante el riesgo de quiebra de la concesionaria. También subrayan que el acuerdo nunca llegó a aplicarse por decisión del entonces Tesorero municipal y que fue la nueva corporación quien desbloqueó su ejecución en 2023.

Asimismo, la defensa recuerda que el Tribunal de Cuentas ha archivado la demanda por alcance contable que pesaba contra los ediles, con condena en costas al Ayuntamiento.

Los acusados sostienen que no son juristas ni técnicos, sino cargos políticos que actuaron basándose en los informes disponibles. "No existió voluntad de dictar una resolución injusta", subraya el documento.

Uno de los ejes del escrito es la acusación a los querellantes, a los que responsabilizar de utilizar el procedimiento judicial como herramienta de desgaste. "La querella no es jurídica, es política" afirma el documento, que sostiene que se ha perseguido el "desprestigio público y electoral" de los acusados con una denuncia "forzada, interesada y sin fundamento penal".

Se trata de una causa judicial, que avanza hacia el jucio oral. A día de hoy, cinco de los concejales procesados continúan integrados en el grupo socialista del ayuntamiento de Móstoles. El PSOE de Madrid no ha adoptado hasta ahora ninguna medidas disciplinaria ni ha solicitado su renuncia.