El intento de cerrar el centro para extranjeros de Pozuelo de Alarcón va directo a los tribunales

Madrid

No le basta al ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón con esa sentencia de 2021 que le condenó hasta en costas. En este caso se intentó impedir que menores tutelados residieran en un inmueble de la Fundación SAMU al aplicarse el precepto de que era una actividad empresarial y que el área que ocupa tiene carácter de equipamiento.

Al final, los magistrados del Tribunal Superior de Justicia señalaban en su sentencia por el recurso de apelación que el inmueble en cuestión, con capacidad para 14 menores tutelados, tiene un uso residencial comunitario cuyo objetivo fundamental es procurar la integración de esos menores en todos los ámbitos de la sociedad española.

Y es este el único bien jurídico protegido: la protección de los menores. No existe ninguna norma administrativa, y las normas urbanísticas lo son, que pueda situarse jurídicamente por encima de esa protección de la infancia. Está recogido en el artículo 39 de la Constitución y está recogido en todos y cada uno de los acuerdos internacionales que el Reino de España ha firmado con Naciones Unidas.

Resulta difícil de entender que ahora, otra vez una norma administrativa, se use para impedir el acogimiento de menores y mucho menos en un centro que lleva abierto 2 años para ayudar a los refugiados ucranianos. Si no tiene esos permisos ahora, tampoco los ha tenido antes.

Desde el ayuntamiento, que dirige la popular Paloma Tejero, se señala que es justo esta sentencia de 2021 la que ha iluminado el camino para adoptar la decisión de cerrar el centro de extranjeros ya que no tiene la licencia correspondiente para poder operar.

No la tenía cuando se trataba de refugiados ucranianos y no la tiene en la actualidad. Por allí han pasado ya más de 100.000 personas con algún tipo de protección internacional y nunca había habido ningún problema con el Ayuntamiento de este municipio del noroeste.

Después de hacer dos inspecciones, el Ayuntamiento de Pozuelo ha comprobado que el uso autorizado del centro es terciario y comercial. Su licencia es de 2013 y no autoriza el uso residencial, aunque sí tiene licencia de hotel. Según el consistorio, eso no es suficiente porque las instalaciones se están utilizando como lugares de acogida estables y no solo de manera temporal.

Para el ayuntamiento de Pozuelo es una es una irresponsabilidad alojar a personas en un centro sin licencia, sin control y sin garantías. Pero llevan más de dos años haciéndolo y hasta ahora no se habían dado cuenta.

Punto de vista del consistorio y punto de vista del ejecutivo central fijado en que esa decisión tiene tintes xenófobos. Hablarán de nuevo los tribunales porque el recurso está siendo preparado. Lo que parece claro es que el interés superior, los menores protegidos, volverá a estar sobre la mesa de los jueces.