La asociación de consumidores de Valdemoro denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente al crematorio por emisión de gases tóxicos
Hace dos años este colectivo pidió a la Comunidad de Madrid una inspección de las instalaciones

Vecinos de Valdemoro concentrados contra el crematorio en 2022 / Plataforma contra el crematorio de Valdemoro

Valdemoro
La Asociación de Consumidores y Usuarios de Valdemoro (ACUSVAL) ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente contra el crematorio de la localidad por la "presunta emisión de gases tóxicos o contaminantes que podrían estar afectando a la salud de la población y al medio ambiente". Según expone la denuncia del colectivo, se plantea la existencia de "humos y olores procedentes de las instalaciones del crematorio que, de acuerdo con los testimonios recogidos, generan preocupación por sus posibles efectos nocivos".
Ante ello, la asociación ha considerado necesario que la Fiscalía "investigue de forma urgente los hechos denunciados y adopte, en su caso, las medidas oportunas para garantizar la seguridad y bienestar de los vecinos de Valdemoro". "No podemos permanecer impasibles ante unas emisiones que podrían estar poniendo en riesgo la salud de nuestra comunidad. Solicitamos una investigación rigurosa y medidas que aseguren la protección de los ciudadanos y del entorno", han manifestado fuentes del colectivo.
Petición de inspección
ACUSVAL recuerda que la Constitución y la legislación vigente reconocen el derecho de todos los ciudadanos a disfrutar de un medio ambiente adecuado, así como el deber de los poderes públicos de velar por la protección de la salud colectiva. Hace dos años, la asociación pidió a la Dirección General de Comercio y Consumo de la Comunidad de Madrid una "inspección" en el crematorio de la localidad ante el presunto incumplimiento de la Ley 2/1997 de Servicios Funerarios y de la normativa de protección de los consumidores.
En este sentido, el colectivo sospechó que "la puesta en funcionamiento de la instalación" se llevó a cabo "sin tener aprobados los precios públicos", lo que implicaría que se esté vulnerando la obligación de tener a disposición de los consumidores un 'catálogo de precios y servicios'".




