El PP acusa a la líder del PSOE de El Boalo de modificar una bonificación del IBI para beneficiarse personalmente

El Boalo

El Partido Popular de El Boalo-Cerceda-Mataelpino ha acusado a la concejala y portavoz socialista en el municipio, Soledad Ávila, de haber promovido durante su etapa en el Gobierno el aumento de una bonificación del IBI de la que ella misma se benefició posteriormente por la instalación de placas fotovoltaicas en su vivienda.

La secretaria general del PP local, Áurea Manso de Lema, declaró que «estamos ante otra operación más llevada a cabo para beneficio propio de la portavoz socialista». «Ella instaló placas fotovoltaicas en su domicilio en el año 2019, cuando la bonificación era de un 30% y ella misma, desde su concejalía, realiza una modificación de esta bonificación y la aumenta hasta un 50%. Espera casi 3 años para beneficiarse de la bonificación», asegura.

Según los hechos relatados, Ávila solicitó la licencia para la instalación en octubre de 2019. Casi dos años después, en septiembre de 2021, siendo aún teniente de alcalde y concejala, firmó un informe que promovía la modificación de la ordenanza para elevar la bonificación del 30% al 50%. Esta reforma fue aprobada por el entonces gobierno socialista y entró en vigor en diciembre de 2021. En febrero de 2022, el cónyuge de la edil presentó la solicitud para beneficiarse de la nueva bonificación.

Acusaciones de nepotismo

La acusación del PP llega meses después de que salieran a la luz las presuntas adjudicaciones irregulares de contratos a familiares de Ávila durante su etapa en el gobierno (2015-2023). Los populares hablan de «irregularidades que fueron avaladas con informes tanto del secretario como la interventora del ayuntamiento y en los que se pone de manifiesto que ha habido un claro beneficio de familiares y amigos, facturas que superan los 100.000 euros, sin informes de contratación, sin fiscalización alguna y además de forma reiterada».

Un informe pericial encargado por el actual Gobierno habría confirmado «flagrantes irregularidades» en la adjudicación de contratos por un valor total de 135.000 euros a cinco familiares directos (hermanos, sobrinos y una cuñada) entre 2011 y 2023. El caso está judicializado tras una denuncia presentada por el Ayuntamiento en abril.

La defensa de la edil socialista

Por su parte, Soledad Ávila ha salido al paso de estas acusaciones calificándolas de «grave ataque político» y «múltiples acusaciones infundadas». En declaraciones a SER Madrid Sierra, afirmó que esta información «forma parte del grave ataque político que llevo sufriendo prácticamente desde el año 2023» y denunció «que se esté haciendo un uso partidista de la información municipal, accediendo a expedientes, con datos personales, ya no solamente míos, sino también de mis familiares directos, con el único objetivo de desacreditarme públicamente».

Ávila contraatacó señalando al actual alcalde del PP, Sergio Sánchez Yunquera, acusándole de estar empadronado en el municipio sin vivir en él. Asimismo, recordó que existen tres denuncias previas que «ni han prosperado ni han llegado a ningún puerto» y criticó el «silencio mediático» sobre la situación judicial de la anterior alcaldesa popular, contra la que la fiscalía solicitó en marzo de 2023 la apertura de juicio oral por un presunto delito de prevaricación. Ávila reiteró su «compromiso con la transparencia» y afirmó que no se dejará «amedrentar».