Caso Púnica: el exalcalde de Móstoles Daniel Ortiz (PP) rechaza las acusaciones de cohecho por el contrato de Cofely en Móstoles
La Fiscalía pide seis años de cárcel por presuntos delitos de cohecho y revelación de información reservada en la adjudicación a Cofely.
Daniel Ortiz en los estudios de Ser Madrid Oeste (foto de archivo) / Ser Madrid Oeste
Móstoles
Los exalcaldes del PP de las localidades madrileñas de Valdemoro, José Carlos Boza; Móstoles, Daniel Ortiz, y Sevilla la Nueva, Mario Utrilla han negado en el juicio que cobraran comisiones o dádivas por adjudicar contratos a Cofely en el marco de la actividad de la conocida como trama Púnica.
La Audiencia Nacional ha reanudado este lunes la vista por la pieza de Cofely del caso Púnica en la que se sientan en el banquillo 36 procesados, entre ellos nueve exalcaldes acusados por adjudicaciones por parte de sus ayuntamientos a esta empresa multinacional de contratos millonarios de servicios de eficiencia energética a cambio de dádivas y comisiones entre 2012 y 2014.
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Quince acusados acordaron con la Fiscalía confesar los hechos a cambio de ser condenados a penas menores, entre ellos los exalcaldes de las localidades madrileñas de Torrejón de Velasco, Gonzalo Cubas (del PP); Parla, José María Fraile (PSOE), y Serranillos del Valle, Antonio Sánchez Fernández (Unión Democrática Madrileña -UDMA-).
Igualmente pactó con la Fiscalía el acusado David Marjaliza, un empresario de la construcción arrepentido que Cofely contrató como asesor comercial para que actuara como ' + Char(39) + 'conseguidor' + Char(39) + ' de contratos públicos, que fue socio de Francisco Granados, exconsejero de la Comunidad de Madrid con el Gobierno del PP que presidía Esperanza Aguirre e investigado en otras piezas del caso Púnica.
También se sientan en el banquillo otros seis exalcaldes del PP, que no reconocen los delitos por los que están acusados.
En concreto, José Carlos Boza, de Valdemoro; Agustín Juárez, de Collado Villalba; Daniel Ortiz Espejo, de Móstoles; Mario Utrilla, de Sevilla la Nueva, y Carlos Alberto Estrada, de Moraleja de Enmedio, todas ellas localidades madrileñas, además de José García Lobato, de Almendralejo (Badajoz).
En la sesión de este lunes José Carlos Boza, para quien la Fiscalía pide dos años y medio de prisión, ha negado que amañara el contrato de eficiencia energética adjudicado en 2013 por el Ayuntamiento a Cofely por más de 50 millones de euros para beneficiar a la trama Púnica y recibir dádivas a cambio.
En sus conclusiones provisionales la Fiscalía mantiene que "el caso del Ayuntamiento de Valdemoro fue un capítulo más de la dinámica de corrupción que se había hecho endémica en el municipio desde hacía años".
La Fiscalía mantiene que David Marjaliza financió en 2011 la campaña electoral de José Carlos Boza para luego cobrárselo con "pagos de corrupción de las empresas adjudicatarias de contratos públicos", además de pagarle regalos y atenciones.
"No iba a influir para recibir ningún tipo de regalo porque todo el mundo sabía que yo no iba a aceptar", ha asegurado Boza, que ha añadido: "Nunca pedí a Marjaliza nada ni hablé con él de ningún tipo de amaño".
También ha declarado este lunes el exalcalde de Móstoles y exdiputado del PP en la Asamblea de Madrid Daniel Ortiz Espejo, que niega haber cometido los delitos de cohecho y revelación de información reservada por los que la Fiscalía solicita que se le imponga seis años de cárcel.
Daniel Ortiz se ha limitado a ratificar la declaración que prestó en 2016 ante el juez instructor de la causa en relación con el contrato adjudicado en 2014 por el Ayuntamiento de Móstoles a Cofely por más de 60 millones de euros.
En sesiones anteriores del juicio el exresponsable de Mercado Público del departamento comercial de Cofely Pedro G.P, uno de los acusados que ha confesado para ver reducida su condena, declaró que en los ayuntamientos de Parla, Collado-Villalba y Móstoles les llegaron a pedir hasta 600.000 euros de comisión por la adjudicación a esta empresa, aunque lo renegociaron a la baja en los tres casos.
Igualmente han declarado el exalcalde de Sevilla la Nueva y exdiputado del PP en la Asamblea de Madrid Mario Utrilla Palombi y su hermano Alejandro, que en la época de los hechos era concejal de Medio Ambiente de Móstoles, que se enfrentan a peticiones de cuatro años y seis años de prisión, respectivamente.
Ambos han negado que cobraran comisiones por facilitar la adjudicación del contrato a Cofely en Móstoles. "No he recibido ni un panchito por parte de esta empresa", ha zanjado el segundo
