El Defensor del Pueblo respalda las quejas de FAMMA y exige al Gobierno de Ayuso "medidas urgentes" para resolver las listas de espera de discapacidad

Madrid

El Defensor del Pueblo inició en el año 2024 una actuación de oficio con los departamentos competentes de las comunidades autónomas para recabar información sobre las demoras que se estaban produciendo en la valoración de personas con discapacidad. Según la oficina de Ángel Gabilondo, el número de quejas de los ciudadanos por esta causa se ha triplicado en los últimos.

Con esa valoración, el Defensor del Pueblo respalda las quejas de FAMMA, la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid, y reconoce que estas demoras vulneran derechos fundamentales. Exige, entre otros puntos, al gobierno de Ayuso, un plazo máximo de 6 meses para resolver los expedientes. Hasta dos años en el caso de Lidia Cerillo, que sufrió una amputación durante un accidente laboral. "Ha sido tedioso el trayecto hasta llegar aquí: dos años y un mes", recuerda. "Para la hora de acceder a un trabajo, te piden un papel que acredite tu discapacidad, aunque se note físicamente. Por eso, estás un poco muerta laboralmente, un poco en tierra de nadie durante el tiempo que tardan en valorarte el grado".

Actualmente, según los últimos datos del portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid, las personas con discapacidad en la región tienen que esperar una media de 11 meses para una primera valoración, un aumento del 24% interanual. "Es importante saber que mientras estas personas no perciban esta certificación de discapacidad, no podrán recibir las ayudas y, por lo tanto, será muy difícil incorporarse a la vida normal tras sufrir una discapacidad", denuncia Javier Font, director de FAMMA.

"Pedimos coherencia, sensatez y, sobre todo, rapidez en las medidas que se puedan adoptar. Además de lo que dijo la presidenta, que nos parece adecuado, pero lo más importante es que las personas tengan acceso a estas ayudas cuanto antes a través de la valoración del certificado de discapacidad", insiste Font.

Ahora, la oficina de Gabilondo ha comenzado un "acto de suspensión" en el que se da un tiempo prudencial a la Comunidad de Madrid para que les traslade las medidas que ha implementado en materia de agilización de trámites. Así, el Defensor del Pueblo realiza un seguimiento de las promesas del Gobierno de Ayuso.

Desde la Consejería de Asuntos Sociales se remiten al Debate sobre el estado de la Región en el que la presidenta Ayuso anunció un aumento en el número de valoraciones con dos nuevos centros base y un convenio con el Colegio de Médicos de Madrid que, se firmará, aseguran, próximamente.