El Gobierno de Ayuso dará ayudas a los propietarios de montes para evitar incendios

Madrid

El equipo de Isabel Díaz Ayuso cree que la Ley Forestal y de Protección de la Naturaleza, aprobada en 1995, se ha quedado obsoleta y no se adapta a la nueva tipología de incendios, los de sexta generación, que han asolado los bosques españoles durante el pasado verano, incluido el que calcinó casi 2.000 hectáreas en Tres Cantos y causó la muerte de un vecino de la localidad.

La Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, que dirige el popular Carlos Novillo –bombero de profesión-, ya trabaja en un proyecto de ley para actualizar la normativa: “Venimos de años en los que el conservacionismo ha impulsado legislaciones muy estrictas, que han limitado la explotación de los bosques”, aseguró Novillo este lunes en un encuentro con periodistas. La nueva ley –dicen en Medio Ambiente- busca compatibilizar esa preservación de masas forestales y su aprovechamiento económico.

“Necesitamos cambiar la relación con los bosques porque, de tanto protegerlos, estamos haciendo lo contrario”, insistió el consejero, en referencia a la acumulación de materia vegetal en los montes que, cuando se produce un incendio, se convierte en combustible fácil para las llamas. Entre otras medidas, la nueva ley quiere incentivar la ganadería extensiva en los montes madrileños. Actualmente, los propietarios de 21.000 cabezas de ganado ya reciben subvenciones por desempeñar funciones de pastoreo preventivo en zonas de alto riesgo.

Pero el Gobierno regional pretende que el aprovechamiento de los montes vaya más allá de los pastos y el monte bajo. También quiere rentabilizar los árboles, a través de la explotación maderera. En el caso de los que están en manos privadas -el 66% del total, según cifras ofrecidas por la Consejería-, sus propietarios podrán recibir subvenciones para poner en marcha planes de ordenación en sus fincas. Básicamente, cobrarán ayudas para contratar a técnicos forestales que planifiquen esa actividad económica para hacerla sostenible desde el punto de vista medioambiental. Esa ley también recogerá las obligaciones de sus titulares de acometer y mantener estructuras de defensa frente a incendios forestales, como cortafuegos.

“Tenemos que tener un Madrid rural vivo, que es la única garantía de protección forestal”, destacó Novillo, que busca extender a los bosques que están en manos privadas, los planes que el Gobierno regional tiene para los montes de utilidad pública. De hecho, el Gobierno regional va a comenzar a explotar una finca en Gascones, al norte de la Comunidad, bajo este modelo. “Queremos impulsarlo en todos los montes de utilidad pública de la región”, indicó el consejero. La presidenta Isabel Díaz Ayuso puso cifras a esa ambición durante el Debate sobre el Estado de la Región: pasar de comercializar 18.000 metros cúbicos de madera al año, a poner en el mercado más de 357.000, con un retorno económico superior a los cuatro millones de euros.