Piden hasta cuatro años de cárcel para los responsables de un desguace en San Martín de la Vega por un delito contra el medio ambiente
Están acusados de incumplir la normativa de descontaminación de vehículos en los procesos de extracción del gas del aire acondicionado
Imagen de archivo de un desguace de vehículos / Connect Images/Ditto
Madrid
Responsables y trabajadores de un desguace de San Martín de la Vega se han sentado este martes el banquillo de los acusados por la presunta comisión de un delito contra el medio ambiente acusados de incumplir la normativa en los procesos de descontaminación de vehículos y venta de piezas para ser reutilizadas.
El fiscal solicita para los cuatro procesados penas de entre cuatro años de prisión y tres años y medio por generar un grave riesgo para el medio ambiente.
La causa parte de un operativo a gran escalada dirigido por la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente de la Guardia Civil en diferentes centros autorizados por la Comunidad de Madrid para el tratamiento de estos vehículos.
Así, agentes e inspectores de residuos de la Comunidad de Madrid llevaron a cabo el 22 de enero de 2019 una inspección en las instalaciones de Desguaces El Choque, ubicado en San Martín de la Vega.
Los acusados niegan los delitos
En su declaración, los cuatro procesados se han opuesto a los delitos que les imputa el fiscal y han asegurado que se cumplía "absolutamente" con la normativa.
Según su relato, se cumplía con la obligación en relación al proceso de descontaminación para la extracción del gas fluorado de los aires acondicionados al contar con máquinas para estas labores.
A preguntas del fiscal acerca de por qué en las memorias de residuos de gases se declaraba 0 cantidad, ha replicado que los citados gases extraídos se reutilizaban para cargar sistema de otros coches de aire acondicionado como se reutiliza cualquier otra pieza.
Coches sin descontaminar
En dicha inspección, se examinaron las instalaciones existentes en el número 6 de la calle Oro, donde, aparentemente, se recepcionan vehículos para su gestión al final de su vida útil, se los somete a un proceso de descontaminación y finalmente se depositan, ya descontaminados, para la venta de piezas (canibalización) o achatarramiento (prensa); instalación que se suma a la que la misma empresa tiene en el número 3 de la calle Plomo dedicada a la misma actividad.
En la inspección de la calle Oro se examinaron aleatoriamente sesenta vehículos de la campa de almacenamiento, resultando que, de los mismos, cincuenta y seis no tenían motor ni radiador, uno no tenía radiador, uno tenía el circuito de aire acondicionado cortado y dos tenían los circuitos vacíos.
El acusado G. P. F. presentó en aquel momento ocho documentos sobre el seguimiento de la gestión de este tipo de residuos que reflejaban la gestión de 402 kgs de gas entre el 25 de abril de 2017 y el 3 de septiembre de 2019; y manifestó que, desde el año 2013 al 2017, la empresa no había gestionado ningún kilogramo de este tipo de gases, alegando al respecto que ello se debía a que todo el gas supuestamente extraído habría sido reutilizado en su flota, pero sin que se haya justificado nada.
En la inspección de la calle Plomo se comprobó que en la campa de almacenamiento había cuatrocientos veinticinco vehículos, de los cuales sólo catorce no habían sido canibalizados, de forma que no se pudo realizar un examen de los circuitos de refrigeración y, de esos catorce, se comprobó que dos de ellos presentaban una presión en los circuitos correspondiente a la propia de un coche dentro de su vida útil.
Más irregularidades
Asimismo, los inspectores de la Comunidad de Madrid pusieron de manifiesto otra irregularidad más en el funcionamiento de la empresa, dado que la misma habría superado significativamente el límite máximo de vehículos gestionados al final de su vida útil, que la Autorización de Gestión de Vehículos al Final de su Vida Útil (cuya vigencia expiró en 2018) fijaba en 3.500 vehículos al año, habiendo declarado la gestión de 4.754 vehículos en 2017, de 5.515 en 2018 y de 5.726 en 2019.
Los agentes constataron diversas irregularidades como infringir el plazo máximo de 30 días para la descontaminación de los vehículos recepcionados; no realizar una descontaminación completa de los vehículos al no extraerles a muchos de ellos los fluidos del sistema de aire acondicionado; y permitir operaciones de preparación para la reutilización y comercialización de piezas y componentes en vehículos que no están descontaminados.
