Torrelodones y Galapagar, dos formas de afrontar la ocupación desde el mismo bloque político

Torrelodones/Galapagar

Ambos municipios gobiernan bajo coaliciones del Partido Popular y Vox y comparten un mensaje firme contra la ocupación ilegal. Sin embargo, sus políticas reflejan dos enfoques distintos: mientras Torrelodones concentra esfuerzos en el discurso político y en medidas reactivas, Galapagar combina la firmeza frente a la ocupación con una atención más estructural a las necesidades sociales.

El Ayuntamiento de Torrelodones ha anunciado la creación de una nueva línea de ayudas para víctimas de la ocupación ilegal, con una cuantía de 300 euros anuales durante tres años, destinada a sufragar gastos de abogados, asesoramiento o suministros. La alcaldesa, Almudena Negro, presentó la iniciativa junto al alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, calificándola como “pionera” y destacando que se gestionará a través de los Servicios Sociales municipales.

El anuncio llega apenas un mes después de que el Ayuntamiento aprobara unas ayudas a personas vulnerables, sin embargo, la concejala de Servicios Sociales y portavoz de Vox, Sonsoles Palacios, ha denunciado en reiteradas ocasiones la falta de atención y recursos destinados al área por parte del Partido Popular.

La relación entre ambas formaciones se mantiene tensa. En el último pleno municipal, el PP llevó al debate una moción contra la ocupación ilegal, que fue aprobada con el voto favorable de Vox, pese a que en 2022 la misma propuesta había sido rechazada por el grupo de Palacios. Durante el debate, la portavoz de Vox se mostró visiblemente disconforme con el tono del discurso del PP, evidenciando diferencias internas sobre el enfoque del problema.

En esa misma sesión, el portavoz del PSOE, Rodrigo Bernal, reprochó a los populares “alimentar un relato atemorizante” sobre la ocupación. Aportó datos del Ministerio del Interior según los cuales este tipo de delitos representa apenas el 0,013 % del total de viviendas en Torrelodones, con una tendencia a la baja. Bernal subrayó la importancia de distinguir entre ocupación, allanamiento e impago de alquiler y alertó del riesgo de generar “alarma social” con fines partidistas.

El propio clima de crispación al que aludía el portavoz socialista se vio reflejado pocos días antes, cuando un grupo de jóvenes asaltó por error la vivienda de un vecino ajeno a un conflicto de impago, un episodio que el PSOE vinculó al ambiente de tensión política en torno a esta cuestión.

En contraste, Galapagar, también gobernado por PP y Vox, ha adoptado una estrategia más integral. En febrero puso en marcha un Plan Municipal contra la Okupación Ilegal, que incluye la Oficina Antiokupación, destinada a ofrecer asesoramiento jurídico gratuito y coordinar actuaciones con la Guardia Civil y los juzgados. A esta medida se suma el reciente Programa de Asistencia Material Básica, que ofrece una tarjeta monedero a familias con menores a cargo y bajos ingresos para adquirir alimentos y productos de primera necesidad, junto con un seguimiento social personalizado para fomentar la inclusión y la autonomía.

Ambos municipios comparten el rechazo a la ocupación, pero difieren en la escala de prioridades. Mientras Torrelodones mantiene un discurso centrado en la confrontación, Galapagar parece apostar por políticas que equilibran el control con la protección de quienes más lo necesitan. Dos visiones distintas dentro de un mismo marco político.