La lucha de Maricarmen, la vecina de 87 años, por evitar su desahucio definitivamente: "Es un parche, pero no me van a echar"

Madrid

Entre aplausos y gritos de "Maricarmen se queda" ha sido recibida esta mañana, la vecina de 87 años del barrio de Ibiza, en la capital, que iba a ser desahuciada hoy de la que ha sido su casa durante casi 70 años. Una juez suspendió ayer temporalmente el desalojo debido a su vulnerabilidad pero Maricarmen, que lo celebra, sigue luchando para poder quedarse para siempre. "Es una pequeña victoria, yo pensaba que sería una victoria más buena pero, por lo menos, es como un parche y durante ese parche yo voy a luchar para que pueda vivir en mi casa tranquilamente sin pensar que alguien puede echarme", ha declarado.

También ha insistido Maricarmen en que su lucha es la de muchas otras familias en riesgo de desahucio en la región y ha animado a todos a organizarse y "pelear contra los especuladores porque la vivienda es un derecho".

"Yo sí tengo vergüenza, a otros les falta mucha"

Rodeada como ha estado estos últimos días de vecinos y de miembros del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Maricarmen ha respondido al alcalde Almeida que el lunes, cuando todavía no se había suspendido el desahucio, lo único que hizo fue aconsejarle acudir a los servicios sociales. "Yo sí tengo vergüenza y a otros le falta mucha porque un señor alcalde que representa a los ciudadanos de Madrid jamás debería ser tan impertinente de decir las cosas que dice".

De hecho, antes incluso de que le notificaran la orden de desalojo, Maricarmen ya había acudido a los servicios sociales y asegura que la única alternativa que le ofrecieron fue una residencia pública, "con una lista de espera tremenda", recuerda, o un piso tutelar.

Aunque el juzgado ha aplazado el desahucio, mantiene su decisión de seguir adelante con esta práctica. Según ha informado su abogada Beatriz Duro, del despacho de abogados DUROA, los magistrados han rechazado aplicar la moratoria de desahucios aprobada por el Gobierno central en 2020 a raíz del COVID porque el contrato de renta antigua de esta inquilina es anterior a la Ley de Arrendamientos Urbanos. "Tienes que ser pobre y cumplir los requisitos de vulnerabilidad pero no desde hace mucho tiempo, en concreto sólo desde el 2020", ha denunciado.

Aún así, el desalojo se ha suspendido porque hay un informe de servicios sociales que reconoce la vulnerabilidad de Maricarmen y ahora su defensa tiene un plazo de 5 días para presentar alegaciones.

La Ley prevé en estos casos la suspensión por un periodo de 4 meses para que las administraciones públicas doten de una alternativa habitacional y una solución a la afectada. "¿Cuál es la solución en este caso? que se pueda quedar en su vivienda. La pelota está en el tejado de las administraciones públicas que tienen estos 4 meses para dar una solución definitiva a Mari Carmen y no parches que es lo que hace al final la ley de la moratoria u otras leyes", ha resumido Duro.