El Gobierno de Ayuso no ha facilitado aún las memorias de Madrid Network a pesar de que el Supremo le obligó a entregarlas hace un mes

Madrid

El Gobierno regional no tiene prisa por cumplir la decisión del Tribunal Supremo, que el pasado 8 de octubre puso punto final a los litigios en los que se embarcó el equipo de Isabel Díaz Ayuso para evitar la difusión de las memorias económicas de Madrid Network. Ese día, el Alto Tribunal dictó un auto en el que rechazaba el último recurso de la Comunidad de Madrid contra una resolución del extinto Consejo de Transparencia y Participación autonómico en la que obligaba a la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo a entregar esa documentación a un periodista de la SER, en aplicación de la Ley de Transparencia.

La derrota judicial de la presidenta madrileña ha devuelto a la actualidad ese préstamo de 80 millones de euros que la Comunidad de Madrid hizo a esa asociación empresarial, con estrechos vínculos con el Partido Popular regional a lo largo de su historia, como demuestra que fuera el empleador de la actual presidenta, mientras una treintañera Díaz Ayuso llevaba las redes sociales de la formación.

Esos fondos debían destinarse a financiar proyectos innovadores, pero entre los que se eligieron aparecen algunos vinculados a exdirigentes conservadores, como los encabezados por el exconsejero Lamela o el exgerente del Canal de Isabel II, Ildefonso de Miguel. Esos nexos llevan a la oposición en la Asamblea a concluir que los populares han usado Madrid Network “para colocar a sus cachorros” o “regar con el dinero de todos a sus afines”. De esos 80 millones de euros, la asociación empresarial solo ha devuelto 15, a lo que habría que sumar los intereses. No abona ninguna cuota desde 2017.

En el Gobierno de Ayuso aseguran que todavía “están en plazo” para entregar las memorias, según afirma una portavoz de la Consejería de Presidencia, de la que depende la Abogacía General de la Comunidad de Madrid. Esas fuentes aseguran que tienen dos meses para facilitar el acceso a la documentación. El ritmo de la Comunidad de Madrid contrasta con la disposición que mostró la consejera de Economía el pasado jueves en la Asamblea. Rocío Albert aseguró que, si su departamento ha pleiteado para evitar entregar las memorias, es por miedo a vulnerar la regulación sobre “protección de datos”; pero que, una vez solventados esos reparos por la justicia, no tenían ningún problema en que esa información se conociera.

“Nosotros hemos hecho todo lo estrictamente posible para que se nos pagara”, defendió Albert en la Cámara. La consejera insistió en todo momento en que la devolución del préstamo está bloqueada en los tribunales, tras los distintos recursos que ha ido presentando Madrid Network, a la espera de que un perito judicial establezca un nuevo calendario de amortización del préstamo. “Vamos a seguir defendiendo cada euro público [...], cada euro que nos adeuda Madrid Network”, prometió Albert.