El Gobierno de Ayuso pleitea en los tribunales para evitar también la difusión de un informe jurídico sobre Madrid Network

Madrid

El Gobierno de la popular Cristina Cifuentes terminó el año 2017 con una extraña inquietud. Seis años antes, su compañera de partido, Esperanza Aguirre, había dejado en manos de una asociación privada –aunque estrechamente ligada al Partido Popular- la gestión de 80 millones de euros de fondos públicos, en forma de préstamo, para el fomento de la innovación. Ese ente empresarial, Madrid Network, había reembolsado puntualmente cada cuota hasta ese momento, pero algo hacía presagiar a los responsables políticos del momento que algo iba mal.

En diciembre de ese año, el Ejecutivo regional, que hasta entonces había cobrado religiosamente, firmó con el prestigioso despacho de abogados Uría Menéndez un contrato en el que le encarga “un análisis de carácter económico, jurídico, presupuestario, financiero y contractual” sobre su relación con Madrid Network –y con las empresas que recibieron esos fondos-, según consta en los pliegos de la licitación. El importe de adjudicación fue de 60.500 euros.

Entre las cuestiones que inquietaban a la Administración estaban: un posible impago puntual de la asociación empresarial; que “comunicase que no va a proceder a abonar ninguna otra cantidad”; o, también, “qué actuación correspondería a la Comunidad de Madrid realizar ante la posible liquidación de MN –Madrid Network-”, según consta en el expediente de contratación. El equipo de Cifuentes también quería saber “las acciones que debería llevar a cabo la Comunidad de Madrid, no solo con MN, sino también en su caso con sus administradores”.

Augurios confirmados

El supuesto de la morosidad se confirmó solo unas semanas después de la firma del contrato con el despacho, en enero de 2018. Cuatro años de impagos después, un periodista de la SER reclamó el informe jurídico elaborado por Uría Menéndez en aplicación de la Ley de Transparencia. Para aquel entonces gobernaba ya Isabel Díaz Ayuso, cuya Consejería de Economía rechazó entregar esa documentación por tratarse de “un informe interno en poder de la Administración”.

Esos argumentos fueron desestimados por el Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid, ya desaparecido: “Este Consejo no puede validar dichos razonamientos, ya que se considera que la premisa principal sobre la que parte la Consejería para la denegación es errónea”, reza su resolución. “La información solicitada por el reclamante no puede recibir la calificación de documento auxiliar o de apoyo, sino de documento principal sobre el cual giró la tramitación de un procedimiento administrativo”, continúa el texto. Para el Consejo, ese informe tiene “una notable relevancia con respecto a la actuación de la Administración” y “debe ser calificado como información pública.”

Contra su propio Consejo de Transparencia

El equipo de Ayuso no quedó conforme con esas tesis y decidió ir a los tribunales. Su Gobierno presentó recurso judicial contra la resolución del Consejo que le obligaba a entregar la documentación. Fue admitido a trámite por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en 2023 y “está pendiente de señalar por parte de la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo", según informa Alfonso Ojea.

La resistencia de Ayuso a entregar este informe jurídico se suma a la que ya mostró también para hacer públicas las memorias económicas de Madrid Network. En ese caso, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid falló que el Gobierno de Ayuso debía hacer pública esa información, pero la Abogacía General de la Comunidad de Madrid recurrió ante el Tribunal Supremo, sin éxito. El 8 de octubre de este año los magistrados del Alto Tribunal confirmaron que Ayuso debía facilitar el acceso a esa documentación. Aún no ha dado cumplimiento a la orden judicial alegando que tiene dos meses para hacerlo.

"Ocultamos, por protección de datos"

En el caso de las memorias, la consejera de Economía, Rocío Albert, justificó en la Asamblea de Madrid la actuación de su departamento con una aparente paradoja: si pleiteó contra el Consejo de Transparencia fue para evitar futuros litigios. “¿Sabe por qué ocultamos, no ocultamos, sino que no dijimos todo lo que toda la información sobre los proyectos?”, preguntó Albert el pasado 6 de noviembre a una oposición que hizo mofa de la rectificación sobre la marcha que contenía la propia cuestión lanzada por la dirigente popular. “Por una cosa que ustedes no respetan -respondió entre las risas de las otras bancadas-, la protección de datos”.

Los motivos que han llevado a esa misma Consejería a batallar en los tribunales para no entregar el informe encargado a Uría Menéndez son otros. Es un documento “de carácter jurídico que no forma parte del expediente del convenio de Madrid Network”, explican en Economía. Eso los lleva a considerar, en contra del criterio del Consejo de Transparencia, que es “una de las excepciones contempladas en la Ley de Transparencia”. Será de nuevo la justicia la que decida.