El Gobierno de Ayuso insiste en que prefiere que sea un tribunal el que decida sobre el registro de objetores al aborto
La ministra de Sanidad ha asegurado este sábado que llevará a la Comunidad a los tribunales por negarse a entregar el registro
La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso interviene en el pleno de la Asamblea de Madrid, este jueves. / Mariscal (EFE)
Madrid
El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a cerrar filas con la decisión de la Comunidad de Madrid de no entregar el registro de objetores para el aborto que exige el Ministerio de Sanidad. Al respecto, el consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, ha reiterado este sábado que la región prefiere que sea un tribunal y no un Gobierno "sectario" el que decida sobre el registro de objetores.
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El consejero ha defendido esta postura señalando que Madrid busca proteger "la vida y la objeción de conciencia" sobre el aborto. "Nosotros pensamos que el aborto debe ser legal, seguro y poco frecuente. Nosotros respetamos la Constitución, ley fundamental, ley de leyes y desde luego protegemos tanto la vida como el derecho a la objeción de conciencia", ha expresado Viciana.
Estas declaraciones llegan tras el anuncio de la ministra de Sanidad, Mónica García, que ha asegurado que el Gobierno llevará ante los tribunales a la Comunidad de Madrid. El plazo para entregar el registro de objetores vencía el viernes por lo que, ante la negativa de la región, García ha señalado que esto supone un incumplimiento de la Ley de salud sexual y reproductiva.
La ministra ha insistido también en que la decisión del Gobierno madrileño atenta contra los derechos de las mujeres, además de suponer una insumisión por parte del Ejecutivo de la Comunidad.
Pese a las amenazas del Ministerio, la Comunidad de Madrid parece seguir defendiendo la postura expresada por su consejera de Sanidad, Fátima Matute, el viernes. Matute ya defendió entonces que dicho registro supone "perseguir" y "señalar" a los profesionales sanitarios.
"Preferimos que sea un tribunal quien nos lo indique antes que un Gobierno sectario que no respeta nada ni a nadie. [...] Si se nos obliga a hacer un registro de objetores, con la Constitución en la mano, actuaremos para defender la libertad de conciencia y cualquier otro artículo fundamental", advirtió la consejera.
