La interventora del Ayuntamiento de Alpedrete denuncia obras presuntamente irregulares por más de 234.000 euros

Madrid

La Fiscalía Anticorrupción tiene en su poder, desde el pasado 6 de noviembre, un escrito de la interventora del Ayuntamiento de Alpedrete en el que le traslada información sobre obras presuntamente irregulares en cuatro centros educativos de la localidad. Se trata de trabajos por un valor conjunto estimado de 234.101,72 euros que “se han llevado a cabo sin seguir el procedimiento legalmente establecido; sin contar con crédito adecuado y suficiente; y al margen de cualquier control económico financiero y presupuestario”, detalla la funcionaria en su informe.

Se trata de proyectos ordenados por la Concejalía de Educación y Turismo del Consistorio, que dirigía hasta hace solo unas semanas el popular Alfredo García Martínez. De esas actuaciones, “podría derivarse para el/la/los responsable/s responsabilidades de tipo disciplinario; contable; civil, si se demuestra que han causado daños al Ayuntamiento; e incluso penal”, afirma el secretario municipal en un informe jurídico elaborado a petición de la interventora.

El exedil presentó su dimisión el pasado 3 de noviembre, según consta en el registro municipal, tres días antes de que la Intervención Municipal pusiera formalmente los hechos en conocimiento de la justicia. El alcalde de Alpedrete, Juan Rodríguez, también del Partido Popular, justificó entonces la salida de su concejal “por motivos personales”. Algunos medios locales, citando fuentes municipales, añadieron que esos motivos personales tenían que ver con “la salud” del edil.

Desde el equipo del regidor no responden desde cuándo conoce Rodríguez estas actuaciones supuestamente al margen de la ley. Fuentes municipales ponen el acento en que son los propios mecanismos de control del Ayuntamiento los que han alertado a la Fiscalía sobre lo que denominan “un presunto error en la tramitación”. Ese término -”error”- contrasta con los que usan la interventora y el secretario, que hablan explícitamente en sus informes de “posibles irregularidades”.

Un voto imprescindible

García siguió como concejal más de tres semanas -aunque ya sin competencias de gobierno- hasta que cumplió con el requisito de dar cuenta de su dimisión al Pleno del Ayuntamiento, que no se reunió hasta el 27 de noviembre. Ese jueves, el orden del día tenía otro punto prioritario para el alcalde y su equipo: la aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio para su remisión a la Consejería de Medio Ambiente.

El Gobierno municipal, compuesto por PP y Vox, necesitaba mayoría absoluta para superar el trámite, es decir, la mitad más uno de los miembros de la Corporación. Alpedrete tiene 17 concejales, así que se precisaban al menos nueve síes. PP y Vox suman diez ediles, pero uno de ellos, el titular de Hacienda y Contratación Pública, se tuvo que inhibir en la votación por un conflicto de interés. Si la dimisión de García se hacía efectiva antes de la votación del PGOU, al alcalde ya no le salían las cuentas, así que se informó al Pleno de su renuncia después de esa votación clave.

“Como ha sucedido en otras circunstancias, sin diferencia del color político, los concejales participan en el Pleno hasta que depositan su acta”, explican fuentes municipales. Esa justificación no convence a los dos ediles de Más Madrid en la localidad, que aseguran que “contrariamente a la tradición municipal, el Pleno de Alpedrete no tomó conocimiento de la renuncia hasta una vez realizada la votación al punto relativo al PGOU”, según consta en otro escrito de denuncia adicional que han enviado a la Fiscalía y en el que piden al Ministerio Público que amplíe las pesquisas.

Más Madrid considera “inaceptable” que García participara en esa votación, según indica Deborah Alcaraz, portavoz de la formación en Alpedrete. “El equipo de gobierno estudia ahora regularizar esas contrataciones irregulares a posteriori”, señala la edil, que cree que toda esta actuación apunta a “un patrón preocupante y a un posible conocimiento previo por parte del equipo de gobierno”.

De polémica en polémica

El Pleno en el que se aprobó el PGOU, y se materializó la dimisión de García, fue el mismo en el que PP y Vox sumaron sus votos para tumbar la iniciativa de los grupos municipales de la oposición que buscaba reprobar al alcalde, tras sus declaraciones negando que el último asesinato machista en la localidad se tratara de un caso de violencia de género. “Quería mucho a su mujer”, llegó a decir Juan Rodríguez en unas declaraciones que su propio partido le forzó a enmendar unas horas después.

En la primavera de 2024 este mismo equipo de gobierno ya protagonizó una encendida polémica tras retirar los espacios que la localidad dedica a Paco Rabal y Asunción Balaguer, que residieron en Alpedrete durante décadas. Los vecinos del municipio relacionaron enseguida la decisión del Consistorio con la militancia política de ambos. El descontento en el municipio, y en el mundo de la cultura, obligó a la propia presidenta Ayuso a tomar cartas en el asunto: desautorizó al regidor; le obligó a rectificar la decisión; y trató de aplacar el descontento con una llamada a la hija de los actores.